Suman desvíos 2 mil 300 mdp en caso Robles: ASF

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2018.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el desvío de recursos del erario hechos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbanos (Sedatu), mediante triangulaciones con otras empresas, cuando fueron encabezados por Rosario Robles, asciende a 2 mil 300 millones de pesos.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, luego de la presentación y entrega de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

A pregunta expresa sobre las acusaciones en contra de Rosario Robles sobre el desvío hecho en las dependencias que encabezó, Pérez Saavedra dejó en claro que los informes de fiscalización de la Auditoría son públicos y no hacen imputaciones personales, ni señalamientos de presuntos culpables, solo identifican, dijo, el uso irregular del erario.

“Los informes de la auditoría está siendo publicados y se pueden consultar, no hay imputaciones de carácter personal, el informe de auditoría es lo que encontramos en una cierta revisión, no a quién pretendemos juzgar, porque nosotros como ASF no determinamos culpables, determinamos hechos en relación de cómo debió haber sido alguna operación y cómo fue, no podríamos asegurar aquí ninguna clase de presuntos culpables”, enfatizó.

Explicó que en los medios sólo se dio a conocer las tres primeras auditorías aplicadas a Sedesol y Sedatu, sin embargo, señaló que son seis y la cantidad pasó de los mil 300 mdp a cerca de dos mil 300 mdp.

De acuerdo con las auditorías realizadas por la ASF a los ejercicios 2014 y 2015, se identificaron que los presuntos desvíos de recursos hechos en Sedesol y Sedatu durante la administración de Robles Berlanga, se hicieron por medio de la contratación de instancias como Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación social.

Dichos medios públicos estatales, habrían subcontratado a otras empresas, algunas de ellas ficticias, para prestar los servicios presuntamente solicitados por las dependencias antes mencionadas.

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