Teléfono rojo/José Ureña

• El Presupuesto está en vilo y sin cálculos sobre necesidades
• Los funcionarios exigen recursos y los ingresos no alcanzan
• Y Barbosa se quedó esperando la correspondencia del Trife

No hay acuerdos y el tiempo apremia.

El paquete económico del gobierno para el año próximo debe estar listo a más tardar el 15 de diciembre, pero la administración entrante quiere presentarlo el jueves próximo.

¿En qué condiciones?

Ese es el problema.

Hay el compromiso presidencial de no subir impuestos por ninguna de las vías, con la creación de nuevos o el incremento de las tasas existentes desde principios del sexenio pasado.

Reforma fiscal, por cierto, a la cual se opusieron quienes en aquel tiempo eran legisladores de izquierda o derecha, perredistas o panistas, y hoy están para complacer a ya saben quién.

Pero tal vez el ingreso no sea la dificultad mayor.

Los reclamos de partidas se multiplican porque todos quieren grandes sumas de dinero para el manejo de sus dependencias, los programas sociales y las obras prometidas en campaña y ratificadas en días recientes.

Una fortuna.

Los recursos públicos son finitos y no alcanzan en ninguno de los ejercicios realizados por el equipo de Carlos Urzúa para repartir el erario a satisfacción de los demandantes.

¿Y LA PARTIDA DE LA CORRUPCIÓN?

El equipo del ex secretario José Antonio González Anaya da un dato de risa:

Cuando comenzaban las negociaciones de entrega, un colaborador de su sucesor Urzúa y funcionario actual veía con inquietud el manejo de partidas tanto de captación como de destino.

De repente soltó la pregunta:

-¿Y la partida de la corrupción?… Son 500 mil millones de pesos…

Esperaban encontrar ese monto, repetido por Andrés Manuel López Obrador, etiquetado en alguno de rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados.

Todos los presentes se vieron con asombro.

No hay tal.

La corrupción, nadie lo duda, está compuesta por cifras oscuras y nadie sabe de qué obra, programa o sobreprecio sale en calidad de comisiones para aceitar la maquinaria administrativa.

A esa anécdota se suman errores de cálculo.

En uno de los primeros ejercicios, se ajustaron suministros para las distintas universidades públicas y a la Nacional Autónoma de México (UNAM) se le incrementaron dos mil 500 millones de pesos.

Me imagino al rector Enrique Graue feliz y en búsqueda tanto a López Obrador como a Urzúa para agradecerles su generosidad en beneficio de la mayor casa de estudios pública del país.

Y también me imagino la respuesta de no es exacto, disculpe usted, fue un error de cálculo, luego le informaremos cuál será su presupuesto y blablablá.

Pronto veremos cómo se ajustaron los números.

BARBOSA QUERÍA CORRESPONDENCIA

Sólo José Luis Vargas Valdez sabe por qué actuó más como activista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no como imparcial magistrado electoral.

Pero hay un dato difundido en Puebla.

El entorno de Miguel Barbosa esperaba una correspondencia porque lo impulsó su nombramiento cuando era coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente del Senado de la República.

Pero vino el voto libre de Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para desempatar y dar legitimidad a la gobernadora Martha Erika Alonso.

-No había elementos para la anulación –declaró ayer la magistrada y, dato en espera de resultados, invitó a su compañero Vargas Valdez a presentar pruebas de sus acusaciones contra miembros de la Sala Superior del Tribunal.