Tolerar corrupción perjudicó a científicos en Conacyt: Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2021.- La investigación a cargo de la Fiscalía General de República (FGR) contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC podría ser la consecuencia del actuar de un organismo que pudiera haberse aprovechado por años de la normalización de la corrupción en la vida pública, asevera el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva.

En entrevista, el también investigador nacional III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señala que aunque en la anterior administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se hayan tolerado transgresiones a la normativa de Fideicomisos y Programas Presupuestarios, esto no debe ser una práctica perpetua.

El autor de Los parásitos del poder, libro en el que se basó el presidente López Obrador para enviar la iniciativa de ley que eliminó las pensiones de los ex presidentes de la República, considera que la investigación contra los 31 científicos que integran el Foro, escapa de la influencia que puede tener la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, pues se trata de un asunto que se persigue de oficio por la FGR.

-Se ha vuelto un tema de gran controversia el caso de la FGR contra científicos a instancias del Conacyt. ¿Cuál es el origen de este conflicto?

-El tema es una cuestión de pesos y centavos. Por 18 años el Conacyt otorgó 471 millones 800 mil pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. El punto de quiebre reside en la creación de la figura de una AC de derecho privado como Foro Consultivo Científico y Tecnológico similar al previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Conacyt de junio del 2002, que prevé que ese Foro sería un órgano de consulta interno, por ende, sin personalidad jurídica y patrimonio propio.

La creación del Foro de idéntico nombre con el apellido de AC estaba fuera de la ley. No podía ser un Asociación Civil el citado Foro porque al estar sujeta al derecho privado habría un impedimento para su fiscalización y correspondiente fiscalización de cuentas, como efectivamente ocurrió.

Alguien por ahí ha dicho que existen otras AC en el ámbito de los centros públicos de investigación, lo que no dicen es que sus asociados son instituciones públicas.

La AC desde su acta constitutiva tuvo dos personas físicas como firmantes. Posteriormente en el Estatuto Orgánico del Conacyt se le dio apariencia de buen derecho a la citada AC, pero sin fundamento legal alguno.

Hay que recordar que el estatuto tiene efectos de norma reglamentaria que, por definición, no puede ampliar ni modificar la ley que le da vida; es decir, no puede ir más allá ni restringir lo dispuesto por la ley, sino sólo desarrollar en detalle el espíritu de la ley.

El fondo se resuelve en tres preguntas esenciales: ¿Es jurídicamente posible que una asociación civil privada sea equiparada a una entidad paraestatal en cuanto al derecho a recibir presupuesto público anual para su operación, pero sin las obligaciones y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿El hecho de que en administraciones anteriores del Conacyt se hayan tolerado transgresiones a la normativa interna de sus Fideicomisos y Programas Presupuestarios parar dotar de recursos para el gasto corriente de una asociación civil privada, implica que la nueva administración deba continuar con dichas malas prácticas, por demás carentes de fundamento jurídico? Y ¿Puede una asociación civil de derecho privado tener especial prerrogativa frente a otras asociaciones civiles con objeto similar para recibir anualmente, con cargo al erario, en promedio 40 millones de pesos para el gasto corriente de su operación? Se consideró que no y yo estoy de acuerdo en esta respuesta porque se ajusta a derecho. Ahora los integrantes de la AC ya no piden dinero, sino que no se les sancione por el uso ilegal de recursos públicos.

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