Tributo a la impunidad/Federico Berrueto

AMLO afirma que a nada conduce el juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña promovido por el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, con el respaldado de Mario Delgado, dirigente de Morena. Efectivamente, no lleva a nada porque las Cámaras son pésimos órganos de justicia, porque las pruebas de Zaldívar son un invento propio de las campañas para probar la supuesta conjura de la ministra con Xóchitl Gálvez, además de los tiempos que lleva desahogar el caso, que la Cámara debe atender otros casos presentados con antelación, que Morena no cuenta con los votos de la sección instructora para avanzar en la acusación y que no se lograría el voto por mayoría calificada en el Senado. Efectivamente, el asunto a nada conduce.

Zaldívar anda en lo suyo y le ha dado resultado. Endosar al presidente, a Morena y a la candidata presidencial un problema propio, donde una parte de lo denunciado refiere a que fue gestor del gobierno sobre asuntos de interés del presidente y otra parte refiere a la corrupción de la justicia o su intento por estrictos intereses económicos. El aval de Mario Delgado no es de Morena, es de López Obrador. En el entuerto han perjudicado a la campaña de Claudia Sheinbaum, obligada ahora a defender lo indefendible: la impunidad y la agresión a una dama ejemplar, valiente y que cumple con su responsabilidad, la ministra Norma Piña. Le afecta en la tarea de conquistar el voto y en el supuesto de que ganara al optar por la impunidad y la misoginia.

Se equivoca una buena parte de los observadores al considerar que es un enfrentamiento entre la ministra Norma Piña y su antecesor en la presidencia de la Corte. Esa es la estrategia de Zaldívar, hacer de la investigación en su contra una embestida electoralmente motivada contra el presidente y la candidata presidencial. No es tal. La ministra no acusa, no afirma, no prueba; existe un escrito con suficientes elementos, convincente para cualquiera que lo estudie y que por sus fuertes señalamientos obligaba al Consejo de la Judicatura, presidido por la ministra Piña, a proceder legalmente. Es su obligación; no hacerlo así entraña responsabilidad.

Al ministro lastima y enoja la difusión del documento que sustancia el acuerdo para investigar, divulgación indebida que es práctica generalizada -más en este gobierno- por el mismo López Obrador, quien divulga información del SAT, de la UIF y de expedientes judiciales. Pero, cualquiera que acceda a la información encontrará suficiente materia para presumir que hubo graves irregularidades generalizadas para hacer valer el interés particular o el del gobierno en asuntos a cargo de jueces. No es una patraña el escrito que dio origen a la decisión de investigar, es una acuciosa narrativa de hechos, personas, funcionarios, eventos y actos que demuestran un ejercicio indebido de la responsabilidad pública por parte de Zaldívar y otros funcionarios próximos a él. La investigación es el tema fundamental y es una acción obligada para esclarecer y deslindar responsabilidades.

El asunto tiene consecuencias y debe tenerlas ya que no debe prevalecer la impunidad. A partir de la presunción de inocencia y del debido proceso debe realizarse la investigación porque lo revelado es la herida más profunda que haya sufrido la Corte en su desempeño. De ser ciertas las imputaciones no sólo se demostraría el sometimiento de la presidencia de la Corte al Ejecutivo, sino la connivencia con intereses particulares en casos de corrupción ya denunciados, incluso por personas próximas al régimen. Investigar y probar es sancionar el abuso e inhibir que se repita.

Se equivocan quienes afirman que el asunto denunciado prueba lo que siempre ha ocurrido en el Poder Judicial Federal. No existe base alguna para validar tal señalamiento. De hecho, el problema con la ministra Piña se basa en el respeto a la autonomía del juzgador, reclamo público del presidente, que él mismo señalara al afirmar que Zaldívar sí actuaba para presionar a los juzgadores, (afortunadamente no siempre con éxito y eso sí, “con todo respeto”).

Las decisiones en el pasado contra los actos de autoridad de los presidentes revelan la independencia de la Corte y la autonomía del juzgador, que no significa infalibilidad ni ausencia de actos de venalidad. Lo que se documenta refiere al desempeño del ministro Zaldívar como presidente de la Corte. Generalizar es una manera de trivializar la denuncia y, en cierta forma, de exonerar, un tributo embozado a la impunidad.