Una sesión con lluvia de ideas no es una consulta indígena

UEste fin de semana se realizó en varios puntos de la geografía nacional, incluido Guerrero, una más de las sesiones que el gobierno federal ha denominado Foros de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

La consulta indígena es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene plena jurisdicción en nuestro país. Durante décadas los diversos movimientos indígenas del país han exigido este derecho. Según la doctrina, los derechos humanos son interdependientes, lo cual implica que la consulta indígena está estrechamente relacionada con otros derechos tales como la libre determinación, la participación y representación política, el derecho a incidir en las decisiones que afectan a los propios pueblos, el derecho a un desarrollo que respete la identidad, entre otros.

El Convenio 169 de la OIT cumplió este 2019, 30 años de ser aprobado por la ONU, veintinueve de ser ratificado por el Senado Mexicano y 28 de vigencia en nuestro país, es decir, nuestras autoridades nos han negado a los indígenas mexicanos una Ley de Consulta Indígena durante casi tres décadas al no armonizar este derecho en nuestra legislación.

En ese contexto de falta de regulación en la materia, los servidores públicos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), han realizado diversas consultas o al menos diversos foros, que están lejos de cumplir con los estándares de una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Entre estos foros “de consulta” cabe mencionar el de la Ley General que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) impulsados por el Poder Legislativo y los subsecuentes como el Plan Nacional de Desarrollo, el del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y últimamente los Foros de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; estos últimos ya bajo la conducción del INPI.

El fantasma del indigenismo está recorriendo México y la mejor prueba de esta afirmación son los foros informativos que las autoridades llaman consulta indígena. En su convocatoria y realización podemos constatar una serie de prácticas del viejo régimen, como realizar una consulta cuando una decisión ya está tomada previamente, como el caso de la creación del INPI en la cual la mayoría de los participantes demandaron la creación de una Secretaria de Estado, sin embargo esa propuesta no prosperó, porque ya previamente el hoy Presidente de la República había anunciado regresar a la figura de un instituto. También se ha constatado la negación de la información previa, como las manifestaciones de impacto ambiental y lo más condenable, el asesinato del activista nahua Samir Flores en el marco de la consulta popular del Proyecto Integral Morelos. Lo anterior solo por citar los más visibles.

Sin embargo, también encontramos otras prácticas como el acarreo de beneficiarios de programas sociales, la pretendida legitimación de los foros a través de presidentes municipales, pues el Estado no puede consultar al propio Estado, por más que éstas hayan sido electas mediante el voto; la intolerancia y negación del uso de la palabra a grupos que no son afines al oficialismo como quedó grabado en un video en la consulta sobre la creación del INPI en Michoacán, o intentar confundir a la población cuando de manera dolosa se pretende sustituir una consulta indígena con una consulta popular, o incluso, la realización de estos foros solo en espacios urbanos que solo garantizan que los indígenas de comunidades más apartadas no asistan.

Si la actual Administración Pública Federal y sus operadores en el tema indígena desean “enderezar el camino” y desmarcarse del ejercicio del poder indigenista y vertical que caracterizó al viejo régimen, deben empezar por respetar la voluntad de los pueblos indígenas y dirigir dichas consultas a las asambleas comunitarias y a sus representantes que para dicho fin éstas designen. A pesar de que el actual gobierno se debe en gran parte a la sociedad civil y a los movimientos sociales se ha desatado una embestida institucional en contra de ellos, los operadores del tema indígena también deben cambiar esto y en las subsecuentes consultas se debe tratar de incluirlos, por más que su crítica y propuestas no guste a la oficialidad.

Por otro lado, es importante acatar las recomendaciones de la actual Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, quien ante los reiterados “errores” del nuevo gobierno sobre la consulta, se vio en la necesidad de emitir una Nota Técnica en la cual de manera muy puntual desglosa como debe la Administración Pública Federal realizar una consulta, resaltando el hecho de que el derecho a la consulta indígena es un proceso de diálogo constante que toma varios meses, en donde los representantes indígenas designados previamente regresan a sus asambleas comunitarias y deliberan las opciones con la suficiente información traducida en su lengua, y no lo que estamos viendo en estas fechas, es decir, foros de un solo día con “lluvia de ideas”.