ACAPULCO, Gro., 15 de mayo de 2020.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) llamó al Congreso de Guerrero a que discuta y apruebe la reforma constitucional en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la cual se le presentó desde el 17 de diciembre del año pasado.

En un documento enviado al poder Legislativo local, la CRAC-PC recordó que en agosto de 2018 la legislatura pasada reformó la Constitución Política del estado y las Leyes 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas y 777 de Seguridad Pública, acción que consideró “regresiva” y acusó que además no se les consultó.

Señaló que por esta razón, junto con la Comisión de Asuntos indígenas inició un proceso legislativo y consultó a los pueblos mediante un parlamento abierto de cuatros sesiones y 10 foros, luego de lo cual la Comisión de Asuntos Indígenas presentó la iniciativa que ahora estudian los diputados que integran la Junta de Coordinación Política.

“Sabemos extraoficialmente que el proceso electoral del 2021 iniciará normalmente el mes de septiembre de este año, esta circunstancia reduce de manera considerable el tiempo que dispone esta legislatura para aprobar la iniciativa de mérito, dado que una vez iniciado el proceso electoral los pueblos indígenas y afromexicanos no podremos ejercer nuestros derechos políticos en un marco e autonomía y libre determinación eligiendo nuestro gobierno de acuerdo a nuestros sistemas normativos puesto que no existiría un reconocimiento constitucional en el estado de Guerrero que nos permita este ejercicio. En este contexto tendríamos que esperar hasta el próximo año para que nuestros derechos sean reconocidos”, señaló.

Consideró que “seguir postergando la dictaminación de la iniciativa de ley de mérito tiene un claro objetivo político partidista de hacer nugatorios nuestros derechos y evitar que los pueblos indígenas y afromexicanos participemos en el proceso electoral del 2021 en condiciones de igualdad política eligiendo nuestros gobiernos de acuerdo a nuestros sistemas normativos”.

Señaló que esta situación deja a la CRAC-PC “en un vacío jurídico” que le coloca en la ilegalidad, motivo por el cual “ministerios públicos y jueces han empezado a desplegar acciones penales en contra de las autoridades indígenas y afromexicanas” que llevan a cabo tareas de seguridad pública, justicia y reeducación criminalizando el ejercicio de sus sistemas normativos.

“Seguir esperando la aprobación de la iniciativa que recoge cabalmente nuestros derechos es continuar criminalizando, persiguiendo y encarcelando injustamente a nuestras autoridades”, indicó.

Por lo anterior urgió al Congreso del estado a dictaminar la iniciativa de ley a la brevedad, pues sus derechos han sido negados históricamente y tienen 30 años impulsando esta demanda.