Decomisan 3.3 toneladas de cocaína que flotaba el mar de Acapulco
ACAPULCO, Gro., 18 de agosto de 2017.- La coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de la Open Society Justice Initiative, Ina Zoon aseguró que en México es necesario pedir ayuda internacional para que se investigue este nivel de “macrocriminalidad” que prevalece en el país y fortalecer el sistema.
En su ponencia en la Universidad Loyola de Acapulco, la coordinadora de la Organización No Gubernamental (ONG) explicó que hay indicios claros de que en el periodo de 2006-2016, en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, aunque no se dice que México está en guerra o que hay un conflicto armado entre el gobierno y el crimen organizado, a pesar de que hay expertos que afirman que en algunos lugares se reúnen las condiciones necesarias para definirlos como un conflicto armado.
Expresó que esta investigación debe ser un mecanismo “que pueda empezar con los grandes casos, con las grandes masacres, con los grandes casos de corrupción y que poco a poco transferiría todo este conocimiento después de revelar la verdad jurídica de estas condiciones” a las instituciones mexicanas con el fin de fortalecer el sistema.
No obstante, reconoció que de lo contrario y si esto no lo acepta el gobierno federal, “no queremos después el involucramiento del Grupo de Expertos en el caso Ayotzinapa, no queremos que ningún internacional meta la nariz en nuestros asuntos”.
Detalló que se busca un mecanismo federal, pero también a nivel estatal en varios ámbitos, donde puedan ayudar a mexicanos desamparados frente a presiones políticas, amenazas y frente a la imposibilidad de lograr lo que la sociedad necesita.
Recordó que después de examinar “documentos históricos” y declaraciones tras el mandato del ex presidente de la República, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien fijó una postura contra el crimen organizado y que se declarara necesaria la intervención militar, elevó el nivel de violencia en el país.
“El personal militar está adiestrado para el combate, ex asesores de seguridad declaran que la línea dura de gobiernos estatales en todo el país fue muy agresiva, hubo un periodo cuando se les ordenó a los comandantes y los jefes de la zona militares no entregar detenidos a las autoridades debido a que entregarlos significaría que tal vez salen libres”, puntualizó Ina Zoon.
En el caso de Guerrero reprochó que después de seis meses aún no se nombre a un titular de Fiscalía en materia de desaparición forzada, siendo que este tema debe ser de absoluta prioridad para fortalecer la institucionalidad de la propiedad de la investigación en este tema.
Ina Zoon criticó que la presencia de los militares en los dispositivos de seguridad no ha contribuido a la erradicación de la droga o en el tráfico de droga, además de que la violencia lejos de bajar, aumenta.
En este sentido, aseveró que la ONG ya entregó un informe donde dice claramente que el Ejército no tiene nada que ver con las tareas de seguridad pública, “se necesita un plan progresivo y se necesita combinarlo con el plan de reforma de la policía, porque tienen que hacerse en paralelo, que de tal manera que ya se reforma la policía y ya se puede retirar el Ejército”.