Hallan cuerpo asesinado y calcinado en la periferia de Acapulco
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2020. — Ante la violencia que se desató el lunes en Cancún, Quintana Roo, durante una protesta que fue dispersada a tiros y golpes por elementos de Seguridad Pública local, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en el Gobierno del Estado, así como la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La noche del lunes, tras los disparos y golpes contra ciudadanos y periodistas, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se pronunció y advirtió que investigará al “irresponsable” que provocó esta situación.
La agresión comenzó cuando las manifestantes incendiaron algunas maderas colocadas como cerco protector e impedir el paso, cuando los policías comenzaron a perseguir y disparar al aire para dispersar la protesta por los feminicidios en la entidad.
En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, al ser cuestionado al respecto, el Jefe del Ejecutivo resaltó que la CNDH debe abrir una investigación, y de ser necesario hasta la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso de armas y heridos registrados.
“Es la Comisión de Derechos Humanos, y si es necesario también la Fiscalía si hay elementos por uso de armas de gruesos calibres o lo que corresponda, pero vamos a esperar”, invitó, para esperar a las indagatorias que prometió el mandatario de Quintana Roo.
“La CNDH por oficio debería de intervenir, abrir el expediente”, puntualizó, sin embargo, confió en que este mismo martes habrá una respuesta contundente sobre la violencia que desató la autoridad local de seguridad pública en Cancún, que tiene un mando único en la entidad.
“Tiene que hacerse una investigación, el deslinde de responsabilidades… No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión, es lo que podemos decir”, mencionó.
Además, respaldó la postura de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Olga Sánchez Cordero, que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó la agresión a quienes ejercían su derecho a la protesta social, y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.
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