Verdad, justicia y reparación, deudas con víctimas de desaparición: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama a los Gobiernos actual y entrante a cumplir la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desaparición y sus familias, especialmente en los casos de desapariciones forzadas, que en su mayoría permanecen impunes, lo que dificulta hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que establece la Ley General de Víctimas, incluyendo las garantías de no repetición.

Para la CNDH, cada caso debe ser investigado de manera exhaustiva y pertinente, localizar a la persona desaparecida e identificar a los responsables para que sean sancionados conforme a derecho. La reconciliación es compatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El respeto y aplicación de la ley tampoco son obstáculos para construir la paz y los procesos de reconciliación.

De acuerdo a un comunicado, de la Comisión Nacional considera la importancia de impulsar un modelo de justicia transicional en que no haya impunidad y el derecho a la verdad y la justicia ocupen un lugar preponderante. Las víctimas han esperado mucho tiempo y demandan respuestas concretas, y en ello deben colaborar la sociedad y los tres niveles de gobierno.

Por su naturaleza e implicaciones, la desaparición forzada de personas es un crimen de extrema gravedad, pluriofensivo, que no debe quedar impune. La existencia de un solo caso es inaceptable y debe mover a las autoridades y sociedad a llegar a la verdad del mismo y propiciar que esa práctica sea totalmente erradicada.

En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –30 de agosto—, la CNDH subraya que la justicia a las víctimas y agraviados, la persecución de los delitos, la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la restitución de éstos en caso de ser violentados son clave para consolidar un Estado Democrático de Derecho. Los derechos humanos no son incompatibles con los sistemas de seguridad pública ni con la política criminal que adopte un Estado.

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