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Disparan armados contra un sitio de taxis en la Costera de Acapulco
CHILPANCINGO, Gro., 31 de julio de 2019.- La joven Alejandra Mateos Jiménez, víctima de intento de feminicidio por el trabajador del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Víctor Manuel Enríquez Mendoza, llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores y al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila a que atiendan su caso, pues dijo que el sistema de justicia le ha dado largas y teme por su vida.
“Que voltee sus ojos a mí, soy Alejandra Mateos, hija de Rodolfo Mateos, cofundador de la Banda de los Hermanos Mateos y hermana del niño que cantó por primera vez la canción de Feria Chilpancingueña en 1992. Usted conoce a mi familia desde hace muchos años, no ignore la súplica que le hago, lo único que pido es justicia”, pidió al mandatario.
En conferencia de prensa este miércoles, respaldada por organizaciones feministas, Alejandra Mateos relató que el domingo 8 de abril de 2018, el señalado, quien es el secretario particular del contralor del IEPC, la golpeó, torturó y estranguló con una sábana hasta creerla muerta, además de destrozar su habitación y robarle algunas pertenencias en un arranque de celos.
Posteriormente el señalado huyó dos semanas a Azoyú con ayuda del funcionario para el que trabaja, mientras ella a la fecha ha luchado por obtener justicia, con trabas.
Indicó que inicialmente la ministerio público de Delitos Sexuales, Noemí Castro Ángel, clasificó mal su delito y se negó a integrar la carpeta de investigación porque no estaba casada con el agresor, y la remitió a la Agencia de Bravos por supuesta incompetencia; en Bravos, el ministerio público Pedro Araujo Leónides no clasificó el crimen como tentativa de feminicidio.
“Argumentó que sólo hay tentativa de feminicidio cuando un tercero detienen al feminicida y en su caso el agresor no me mató porque no quiso hacerlo, no porque alguien lo detuviese”, explicó.
Agregó que cuando finalmente vincularon a proceso al agresor por tentativa de homicidio, lesiones y robo, se encontró con otras trabas, por el juez Edgardo Mendoza Falcón nunca está, pues es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Derecho y en la maestría, por lo que además de otorgar dos meses para investigación complementaria inicialmente, ha diferido la audiencia intermedia del 24 de abril en seis ocasiones, dos de ellas por supuesta enfermedad del atacante, quien sólo ha presentado recetas médicas. La audiencia fue reprogramada nuevamente al 29 de agosto, porque el juez dijo que se va a ir de vacaciones.
La denunciante urgió también al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, a que intervenga y le asigne un juez que no sea docente de tiempo completo, que juzgue con perspectiva de género y que priorice los derechos humanos de la víctima, y no los del agresor.
Asimismo responsabilizó al fiscal de cualquier atentado en su contra y su familia, pues lo señaló de ignorar su denuncia durante meses y de permitir que su agresor siga libre y el delito impune. “Exijo justicia, no quiero ser una víctima más en la estadística”, dijo.