Ya regresó a sus funciones alcaldesa de San Nicolás amenazada: Congreso
CHILPANCINGO, Gro., 27 de febrero de 2018.- Consejeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) se sumaron al llamado de seguridad hecho por representantes de partidos políticos para el proceso electoral, ante la violencia registrada antes del arranque de campañas, la cual podría repercutir en la participación ciudadana.
El tema de la inseguridad fue abordado en puntos generales por el representante del PRD Daniel Torres García, quien dijo que no es grato ser reiterativo en esta problemática, pero tampoco se puede obviar; antes de aprobarse el orden del día, también pidió un minuto de silencio por las precandidatas del distrito 25 asesinadas en Chilapa, lo cual fue avalado por los presentes.
Expresó que los procesos internos no terminan en algunos partidos y las bajas comienzan a ocurrir, ante lo cual consideró que el miedo y la violencia se han comenzado a institucionalizar como una forma de hacer política y como un método para inhibir la participación ciudadana.
Afirmó que la desesperación se advierte en los equipos políticos del partido en el poder que al quedar rezagados en las encuestas los pone nerviosos y los vuelve peligrosos. “No es coincidencia que de los 13 actores políticos que han caído en el estado la mayoría los esté poniendo los partidos de izquierda”, dijo.
Al tomar la palabra, el consejero Alfredo Ramírez García apuntó que si bien el INE no es autoridad y no tiene atribuciones de brindar seguridad a la población, sí tiene derecho y la convicción de exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que garantice la seguridad pública, lo cual es su obligación constitucional.
Dijo estar convencido que si no existen las condiciones de seguridad para el trabajo de los capacitadores electorales, los supervisores ciudadanos y para que los electores salgan a votar, tampoco habrá garantías para uno de los más importantes fines que tiene el INE, que es el asegurar el libre ejercicio político y uso de estos de los ciudadanos como lo es la elección de sus gobiernos.
El consejero Hegel Mariano Ramírez sostuvo que los crímenes de actores políticos también son un atentado para los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, concretamente para el ejercicio del voto libre, ya que si a un ciudadano le matan a su posible candidato lo obligarán a elegir una segunda o tercera opción, o quizá no vote.
Subrayó que la violencia no surgió de manera espontánea o fortuita y es el resultado de la impunidad acumulada y la falta de empatía y solidaridad con los conflictos sociales entre los que mencionó a los padres de los 43 normalistas, la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, así como Juventina Villa, y las miles de familias desplazadas.
El representante de Morena lamentó que la obligación fundamental, prioritaria y más importante de todas no esté garantizada en el país y sobre todo en Guerrero, por lo cual aseguró que sería bueno que el Consejo hiciera una petición a los tres órdenes de gobierno para que todos cumplan con lo que ley les ordena y den seguridad.
En tanto, el representante del PRI Cuauhtémoc Eugenio Rentería, a nombre de ese partido, argumentó que lamentan los asesinatos de las precandidatas Antonia Jaimes y Dulce Rebaja, sin embargo justificó que el tema de la seguridad pública corresponde a los tres órdenes de gobierno.
Reiteró, al igual que durante la sesión del IEPC del lunes en donde es suplente, que la violencia en Guerrero no comenzó en 2015 sino hace 10 años, cuando el gobierno en turno era del PRD.