Premoniciones de la debacle
De manera periódica, se publican en diversos sitios las encuestas de popularidad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Para saber qué tan aceptados son nuestros gobernantes, varios estudios preguntan a la ciudadanía: ¿Qué opinión tiene de...? con respuestas cerradas: muy buena, buena, mala o muy mala. La pregunta es interesante y los resultados son conocidos públicamente.
Resulta también especial ver cómo cada publicación de tan buenos resultados es secundada por expresiones de satisfacción, por lo positivo que representa tener gobernantes populares, pero… ¿y si estamos monitoreando mal?
Poner énfasis en la popularidad de quienes nos gobiernan es como si saliéramos contentos de la consulta médica porque el doctor nos ha mostrado el dato de que nuestros indicadores de felicidad son altos, dejando de lado los indicadores de triglicéridos, plaquetas, glucosa y demás; somos felices, es cierto, pero ¿qué tan sanos estamos?
Frente a ello, ¿en qué datos podemos basarnos, desde el ejercicio de la ciudadanía, para evaluar a quienes nos gobiernan?
Hace unos días, en el contexto de una presentación académica, la estudiante Rosa Isela Loeza Carreto, del Doctorado en Investigación en Ciencia Política del IIEPA IMA UAGro, presentó datos interesantes. Luego de una búsqueda de información en bases de datos del INEGI, ubicó que, de 2019 a 2023, Guerrero ha registrado un promedio de 63.4% de pobreza, 80.2% de inseguridad, 87.6% de corrupción y 37.2% de satisfacción de servicios, con un bajo desempeño gubernamental.
No deberíamos centrarnos solo en cómo medimos la confianza en el gobierno. Más bien, hay que preguntarnos cómo evalúa la ciudadanía al gobierno y qué factores considera. Y, a partir de ahí, ¿cómo impacta la confianza en los indicadores sociales y económicos?
En ese sentido, nuestra observación ciudadana podría centrarse en monitorear el desempeño de estos, o más indicadores que tienen como objetivo precisar la evaluación de la gestión que se tiene sobre el ejercicio de gobierno, a partir de los problemas públicos centrales de la agenda social.
No quiero desmerecer lo importante que es la observación de la popularidad, pero es preciso también decir que la función pública no puede evaluarse solamente desde la percepción que la ciudadanía tiene sobre los aspectos vinculados con el carisma de quienes nos gobiernan. Hace falta también centrar la lupa en los resultados.
En el mundo de las ideas políticas, Aristóteles debatió sobre cómo entender la calidad de los gobiernos. Sostuvo que esta no debe determinarse exclusivamente por el reconocimiento público que recibe la persona que gobierna, sino por el fin que persigue con sus decisiones y, sobre todo, por cómo estas benefician a la comunidad. Es decir, el bien común. Eso es, desde el pensamiento aristotélico, lo que distingue a un tirano de un buen gobernante.