Zitlala: 10 años de crímenes, desapariciones y desplazados

ZITLALA, Gro., 17 de noviembre de 2025.- Un grupo de obreros rompe el concreto de la explanada del Zócalo de Zitlala, que también es la cancha de basquetbol, frente al Ayuntamiento. Al fondo, el pequeño kiosco está solo y atrás, en el mercado municipal, apenas algunos comerciantes esperan platicando en su lengua que alguien llegue a comprarles. La mañana es fresca en este día de octubre. El ruido de la perforadora es lo único que se oye varias cuadras a la redonda. Si no fuera por eso, el silencio sería casi total en este pueblo de ocho mil habitantes, donde ni los pájaros se escuchan.

En las calles se percibe una calma implantada. No camina gente ni hay niños jugando. Unos perros más bien flacos se corretean a lo lejos entre el polvillo que levantan. La Urvan del transporte público que viene de Chilapa, a unos 25 minutos de distancia, es el único carro que transita por la calle principal, bien pavimentada y limpia eso sí, con un estilo de baldosas rojizas que le da ese aire de pueblo mágico. De pueblo “entre las estrellas”. A su paso, se ven negocios cerrados, al igual que las casas que van dejando de ser de piedra, adobe y teja. El par de tendajones abiertos, sobre el camino en pendiente hacia el Ayuntamiento, tiene mucha mercancía y ningún cliente.

En la sala de espera de la Presidencia, donde despacha desde hace un año la perredista Khalia Ramos Decena —hija del dos veces presidente municipal Rogelio Ramos Tecorral—, un grupo de mujeres aguarda.  

—La presidenta anda supervisando unas obras. No va a tardar —dice una asistente menudita, bastante joven, de lentes y sonrisa brillante, entre el estruendo de los marros golpeando el concreto, unos metros adelante, al ver que el reportero espera afuera.

En la sala las mujeres permanecen serias, son jóvenes, parecieran profesoras o algo así. Hay una empleada más que anota, sonriente también, hasta amable, a quienes vienen a ver a Khalia de apenas 35 años. En el área de regidores, en la planta alta del edificio, no hay ninguno de ellos. Son seis: dos del PRD, dos del PRI, uno del PAN y una de Morena. El administrador municipal, un hombre joven llamado Gabriel Hernández, cuya oficina diminuta colinda con la de los regidores, dice que casi no vienen.

—¿No hay sesiones de Cabildo? —se le pregunta mientras él cierra la puerta para que no entre el ruido que hacen los albañiles afuera.

—Sí, sí —dice, sin dejar de mirar la pantalla de su computadora puesta sobre el escritorio con papeles, un iPad y unos AirPods.

—¿Cada cuánto?

—No sabría decirle. Sólo ellos, o la Presidenta.

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La paz que se siente en Zitlala, a dos horas de Chilpancingo, en la región Centro de Guerrero, es una paz lúgubre, como la tranquilidad propia de un camposanto. Nada se mueve aquí sin un propósito aparente. Pareciera que todo el pueblo estuviera de luto, o guardando la hora por algún difunto reciente. Y así es. Y no fue uno, sino dos. A finales de agosto pasado la excandidata a la alcaldía de Morena, Lidia Tehuitzin Guillermo y su marido, Gabriel Vicente Tlatempa, dirigente municipal del mismo partido, fueron encontrados muertos en medio de un supuesto accidente automovilístico. Ella era doctora de profesión. Tenía 35 años y dos hijos. Uno de 13 y otro menor.

El carro estaba al fondo de un barranco en la carretera Apango-Zitlala con la pareja muerta a causa de “asfixia por compresión”, según arrojó el resultado de la necropsia, dado a conocer de manera extraoficial. El adjetivo “supuesto” no es facilismo. Es, en el mejor de los casos, una característica. En las mismas circunstancias y en el mismo tramo carretero, fue hallado muerto en abril pasado el excandidato del PRI a la presidencia de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro y su chofer. Roberto ya había sido presidente municipal y perdió ante Khalia por menos de un punto porcentual en la elección de junio de 2024. Lidia Tehuitzin quedó en tercer lugar.

Con esto, con la muerte de Lidia y su marido, Gabriel Vicente, de Morena, y antes, la muerte del priísta Roberto Zapoteco, el grupo perredista Movimiento Alternativa Social, que lidera Bernardo Ortega Jiménez y al que pertenecen la alcaldesa y su padre, se queda sin rivales en Zitlala. Esta cadena de sucesos resurgió en noviembre de 2023, cuando el dirigente municipal del PAN y aspirante a contender por la alcaldía en 2024, Jaime Dámaso Solís, fue asesinado a balazos afuera de su casa. Una serie de coincidencias desencadenadas 10 años atrás, y que ha allanado el camino de la política en un municipio del que pocos quieren hablar.

La calma en Zitlala —y en toda esta zona— fue impuesta desde 2015, cuando un grupo de supuestas autodefensas llamado Comunitarios por la Paz y Justicia se enfrentó con el grupo delictivo Los Rojos, que presuntamente controlaba la región Centro. Paz y Justicia respondía supuestamente a Los Ardillos. Entró a Chilapa en mayo de ese año, hizo detenciones y desapariciones; se expandió por toda el área y llegó a Zitlala. Los Rojos fueron combatidos y desplazados hasta que en 2019 cayó el cabecilla Zenén Nava Sánchez, El Chaparro. Fue cuando todo esto se convirtió en páramo de Los Ardillos.

En medio de esta pugna se instauró entonces la modalidad de eliminar adversarios políticos asesinándolos. De esa fecha para acá, 13 políticos han sido liquidados o han muerto en coincidentes accidentes carreteros: en diciembre de 2015, fue asesinado Filiberto Corraltitlán Yectli, director de Tránsito municipal; en enero de 2016, Roberto Godínez Hernández, director de Obras Públicas; también en enero de 2016, fue desaparecido Santiago Tixteco Cosme, exsecretario del Ayuntamiento.

Santiago era esposo de la que era regidora del PRD, Beatriz Zapoteco Neri. Ambos pertenecían a la CODUC, grupo perredista que lideraba Sebastián de la Rosa Peláez. Hasta ahora su cuerpo no ha sido localizado. En febrero de 2017, fue asesinado Antonio Godinillo Yectli, director de Gobernación; en octubre de 2017, Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde perredista, y en cuya administración colaboró Santiago Tixteco; y en diciembre de 2017, fue asesinado Dagoberto Domínguez Acevedo, regidor de Desarrollo Rural y miembro del Partido del Pueblo de Guerrero.

En julio de 2018, fue asesinado Alfredo Tlatempa Palacios, director de Seguridad Pública municipal; en junio de 2019, Alejandro Godínez Hernández, director de Protección Civil del mismo municipio; en noviembre de 2023, Jaime Dámaso Solís, dirigente municipal del PAN. En abril de 2025, Roberto Zapoteco Castro, exalcalde priísta y su chofer, Vicente Salgado Marcos, fueron hallados muertos al fondo de un barranco, por un aparente accidente carretero; y en agosto de este mismo año, el último acontecimiento de este tipo con la muerte de Lidia Tehuitzin y Gabriel Vicente, de Morena.

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En el cubículo de la regidora de Morena, Marlén Esteban Rossel, en Zitlala, su secretaria dice que no está, que viaja mucho a Chilpancingo. No dice si acaso ya vive en la capital, desde cuándo o por qué. Aunque puede ser evidente. Cuando se le explica el interés de platicar con ella, le escribe un mensaje y al perecer Marlén le pregunta sobre qué tema. Se le responde que de la situación en su municipio.

—Me pide que le dé su número para que después usted le llame —dice adormilada la asistente, y aclara que la regidora le dijo que sólo hablará lo relacionado a su trabajo como regidora de Salud.

De todos modos, Marlén Esteban nunca contestará.

—¿Quién quedó en Zitlala para hacer los trabajos de Morena? —se le preguntó al dirigente estatal, Jacinto González Varona, en la única llamada que respondió.

—Nadie, los únicos eran los que fueron asesinados —dijo en referencia a Lidia y su esposo.

Así dijo: “asesinados”. Antes se le explicó la investigación de este reportaje, y se cuadró una entrevista más amplia en el despacho de su partido. Jacinto nunca estuvo y nunca volvió ha responder llamadas ni mensajes.

La secretaria general de Morena, Yesenia Xinon, es mesurada al hablar del tema. Y lo expresa como tal. “Debemos ser mesurados porque hay una investigación en curso relacionado con la muerte de los compañeros de Zitlala”, dice.

—¿No es concluyente que hayan muerto en el accidente? —se le pregunta vía telefónica. También resultó complicado hallarla en su oficina.

—Así es. El hecho de que la Fiscalía General del Estado haya abierto una carpeta de investigación así lo indica. Debemos esperar lo que determine.

—¿Mientras tanto no se ha informado nada? Ha pasado más de un mes…

—Nada, hasta ahora.

—¿Lidia no les dijo si tenía temor de algo, o si había sido amenazada?

—No, nunca tuvo temor, o no nos lo dijo. Ni durante la campaña. A pesar de que sabemos que es una zona que se conoce como de riesgo.

—¿Era posible que volviera a ser la candidata?

—Había la posibilidad. Quedó en tercer lugar con más de mil 800 votos. La actual alcaldesa ganó con tres mil 500.

—Se sabe que ella y su esposo hacían tareas de promoción y afiliación en todo el distrito 24 que comprende desde Quechultenango hasta Apango, ¿cierto?

—Así es. Y ha sido una labor compleja, por lo mismo.

—¿Quién lo hace ahora? ¿No quedó gente allá?

—Sí. Están temerosos por la situación que prevalece. Ahora está parada la compaña de afiliación porque no hay condiciones para seguir.

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La incursión de Los Ardillos y su posterior dominio no sólo acarreó violencia política. Este fue, en todo caso, el menor de los males. Desde esa fecha, 2015, según el Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay 23 desaparecidos en todo el municipio. Un número que no cuadra con la realidad, dice José Díaz Navarro, del colectivo de desaparecidos Siempre vivos.

—Hay un elevado subregistro —dice desde Ciudad de México—, porque esos datos se alimentan de las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General del Estado y allá hay, por lo menos, dos factores que impiden que la gente no reporte a sus desaparecidos: la lengua, en muchos pueblos aún se habla náhuatl y en la Fiscalía no hay traductores. El otro, más importante, más delicado, es el temor que se tiene de denunciar. El control de Los Ardillos es total. El miedo es muy sentido.

También hay docenas de desplazados que nunca pudieron regresar a sus comunidades. La diáspora provocó que por lo menos 300 personas salieran de Zitlala y sus pueblos. En 2016, 48 familias salieron de Quetzalcoatlán de las Palmas cuando Paz y Justicia entró para reclutar a los más jóvenes. Al negarse mataron a seis, recuerda Teodomira Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que desde esa fecha les da acompañamiento.

—Y esa es la gente que nosotros conocimos porque se nos acercaron y le hemos dado seguimiento —dice desde Chilapa, donde está la sede del Centro Morelos—. Hubo muchos más que el gobierno aisló y supimos que les estuvieron dando hasta 30 mil pesos por integrante de familia con tal de reinstalarlos lejos de sus pueblos.

—¿Y lo consiguió?

—Así es. Muchos están en Puebla, Morelos, Hidalgo y otros buscaron refugio en Estados Unidos.

Dos años después, en 2018, el Centro Morelos volvió a Quetzalcoatlán. Lo que halló fue un caserío desolado, una tierra sin cultivar y una iglesia sin butacas. Viudas, huérfanos y madres sin sus hijos, tratando de recuperar la normalidad. Sólo 62 habitantes de no más de 300 que lo habitaba: 25 niños —ocho en edad de primaria— y 37 adultos, la mayoría mujeres. Dos ancianos hombres y cinco más de entre 30 y 40 años.

—Después de eso nadie podía salir porque estaban sitiados. Había policías estatales resguardando por las medidas cautelares que se les otorgaron —recuerda Teodomira.

—Han pasado casi 10 años de aquello ¿han cambiado las condiciones para la gente? —se le pregunta.

—No, todo sigue igual.

—¿La Policía sigue allá?

—Tenemos conocimiento que sí.

—¿Se logró frenar el fenómeno?

—Te doy estos datos: en 2018 cuatro familias, 23 personas en total, tuvieron que salir de Zitlala cabecera. Tampoco pudieron regresar. Ese mismo año, en Tlaltempanapa, salieron otros 92 pobladores.

De este último poblado está don Víctor que nunca pudo regresar. A don Víctor le mataron tres hijos y dos yernos porque se negaron a irse con Paz y Justicia. También está doña Joaquina cuyo hijo fue obligado a irse con ellos y nunca volvió a verlo. Teodomira recuerda que uno de los pobladores quiso regresar y al tercer día lo mataron.

—Mientras no puedan regresar —dice—, siguen siendo desplazados y por tanto los sigue habiendo. Y ya no podrán volver.

— ¿Por qué?

—Porque sus tierras y sus casas se las quedaron los narcos. Apenas nos enteramos que Tlalcozotitlán está siendo asediado, otra vez, por hombres armados.

—En este pueblo ya había desplazados desde 2016 ¿cierto?

—Sí, junto con Tlaltempanapa, Tlapehualapa y Quetzalcoatlán, en la franja que colinda con la zona Norte, por el área del Alto Balsas.

—¿Qué sigue? ¿Qué se espera?

—Nada. Con decirte que ni nosotros como organización podemos entrar a Zitlala. No hay una estrategia del gobierno para atender la situación de quienes ya viven desplazados y de quienes siguen en riesgo de salir huyendo de la violencia.

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Son las 12:30 horas. Una hora más tarde, el mercadito seguirá solitario. En el área de comida unas mujeres espantarán las moscas en las únicas tres fondas que estarán abiertas. Afuera, en la banqueta, unas ancianas tejerán palma sentadas en el suelo hablando entre ellas; un vendedor de verduras seguirá esperando que alguien se acerque a comprarle sus calabacitas, y en las afueras del pueblo un par negocios de comida ya estarán cerrando.

Eso será después. Ahora, sobre el extenso atrio de la iglesia de piedra, a unos metros del Ayuntamiento, una anciana camina mientras teje palma sin perder el ritmo de sus manos y sus pasos. Dos más jóvenes pasan de prisa, calladas. Y de no ser por otra mujer que deambula con su hijo pequeño y un hombre que está sentado en el pretil sin prisa aparente, nadie se quedaría en el solaz de las jardineras, sombreadas por álamos y jacarandas.  

Desde este lugar, cuesta abajo, se ve parte del pueblo, silente y apacible. Pero sólo es apariencia. Adentro, la iglesia está vacía. Ni pájaros ni palomas, nada se oye, salvo el silencio de los santos. Al fondo, desde su nicho en el altar principal, uno de ellos: San Nicolás Tolentino, patrono del pueblo, levanta sus manos de yeso bajo su mirada de vidrio. A inicios de septiembre fue su día y la alcaldesa tiró la casa por la ventana con feria, toros, bailes y Los Karkiks. Sólo un par de semanas después del hallazgo de los cadáveres de Lidia y Gabriel.  

En el Ayuntamiento, la alcaldesa aún no llega. La misma chica sonriente y otro asistente que poco después ofreció un vaso de agua, esperan en el área donde parece que el carro de Khalia se va a estacionar de un momento a otro. Uno cuadra abajo, cerrada con candado, está la comandancia de la Policía Municipal. No se ven policías por ningún lado. El secretario general, un hombrecillo de nombre Roberto Panchito Tecolapa, dirá más tarde que hay 15 agentes, aunque sólo se ven dos de Tránsito parados en el Zócalo.

Los estudiantes que salen de las escuelas empiezan a cruzar de prisa rumbo a sus casas. Un padre con su hijo traído del kínder cruza el pasillo del Ayuntamiento. Tres niñas con uniforme escolar se suben al kiosco unos minutos, y luego bajan corriendo para seguir su camino. Aquí, en el Centro de Zitlala, se concentran los tres poderes: la iglesia, el mercado y el Ayuntamiento. Dentro del pequeño edificio todos los colaboradores se comportan muy solícitos, lo que ya es mucho decir. Sólo que tras esa amabilidad, Khalia se esconde para negarse a hablar de su pueblo. Una vez que llega, las mujeres que la esperan son recibidas en el despacho. No tardan. En cuanto salen, se le recuerda a la asistente la intención de platicar con ella.

—La Presidenta me dijo que estará muy ocupada —dice, sin perder la sonrisa de su cara—. Está con el director de Obras Públicas y no podrá recibirlo. Me encargó que lo pasará con el secretario general.

Es cuando el señor Panchito dice que la feria se pone muy bonita y que la Presidenta es muy joven y que, además, es la primera mujer que gobierna este municipio de indígenas nahuas. Y que sí, que hay 15 policías municipales. Etcétera.

—Oiga, pero la Comandancia está cerrada y no se ven por ningún lado. ¿Están acuartelados? —se le pregunta.

Responde con la sugerencia de platicar de eso con el síndico, y dice que hay policías del estado, Guardia Nacional y “tenemos un destacamento militar en Chilapa”. De todos estos, sólo una camioneta de policías estatales pasó durante la mañana hacia abajo, con rumbo a Chilapa. La verdad es que no hay municipales. La seguridad está controlada por una supuesta policía comunitaria de la que nadie informa y de cuyo cabecilla poco se sabe, salvo que le apodan El Hermes, presuntamente ligado a Los Ardillos.

En cuanto al síndico, al que se le preguntaría al respecto, un joven de nombre Óscar Tlacotempa Lorenzo, tan pronto vio al reportero, salió de la sala de espera de su despacho donde estaba sentado en un sofá, manipulando su celular. Luego, al preguntarle si volvería, la asistente informó que ya se iba con la alcaldesa a un recorrido.

—Le doy su número y usted le llama.

—Por favor.

Al siguiente día que se le llamó, el síndico contestó que estaba indispuesto para hablar del tema. Tampoco en el gobierno del estado hubo respuesta para platicar sobre la situación que priva en Zitlala. El subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco García Cisneros, a quien se buscó de manera insistente mediante su jefe de prensa, Abel Salgado, y la directora de una área afín, Mayre Flores, nunca pudo ser contactado.