2014, año de conflictos entre el Ejército y movimientos sociales

CHILPANCINGO, Gro., 31 de diciembre de 2014.- El saldo de los conflictos del Ejército con movimientos sociales fue de al menos tres incursiones en el área del Cecop, al menos dos confrontaciones con la Upoeg en El Octotito, otra con la Crac en Ayutla, denuncias de hostigamiento por parte de la Opim, y el caso más relevante, su presunta participación en la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala; incluso, antes del 26 de septiembre, dos veces vehículos militares incursionaron en el campus de la normal.

En un reporte especial que publica La Jornada Guerrero, los problemas comenzaron con el año, cuando el 2 de enero policías comunitarios de Tixtla colocaban una manta para pedir la liberación de sus compañeros, detenidos en 2013, y llegaron soldados que trataron de impedirles su colocación.El incidente no pasó a mayores.

Después, en Acapulco, el 18 de enero, un grupo de soldados acompañado de policías federales y estatales, irrumpió en la comisaría de Aguacaliente, bastión del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. De acuerdo con el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien aún estaba libre, los agentes argumentaron que estaban buscando una camioneta con reporte de robo, y sometieron y encañonaron a dos jóvenes, pero el vehículo que revisaron pertenecía a un comunero y no tenía ningún reporte.

Dos días después, soldados bajaron una avioneta que circulaba en el área del poblado de Aguacaliente, tras una persecución en la que también participaron marinos. Suástegui consideró sospechoso el operativo precisamente en la zona donde estaba conformándose la policía comunitaria.

El 26 de enero, en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, donde se conformó el Sistema de Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), 20 vehículos militares con personal en su interior, fueron retenidos durante todo el día por los pobladores, luego de que al parecer los soldados pretendían detener a los dirigentes de la Policía Ciudadana. Fueron retenidos a las 11 de la mañana y liberados a las 8 de la noche.

El 30 de enero, unos 20 militares irrumpieron en la normal rural de Ayotzinapa a bordo de una Hummer y una camioneta artillada y tomaron video de las instalaciones y de los estudiantes que se encontraban ahí. La explicación que dieron después, es que se habían perdido y por error llegaron hasta el campus. Ingresaron a las 10 de la mañana y se retiraron. Los estudiantes denunciaron que era la segunda ocasión que los soldados ingresan a la escuela.

El 1 de febrero, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Comunidades Campesinas y Urbanas con Alternativas, el Secretariado Social Mexicano, el Centro Nacional de Comunicación Social, Iglesias por la Paz y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, denunciaron que 407 comunidades de la Costa Chica habían sido sitiadas por el Ejército desde el 28 de enero.

Respaldaban la denuncia las parroquias de Malinaltepec, Iliatenco, Pascala del Oro, Santa Cruz del Rincón y Atlamajalcingo del Monte, así como el Observatorio Eclesial.

Los municipios sitiados, según denunciaron, eran Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos. En un solo día, los soldados instalaron siete retenes en las carreteras de la región.

El 13 de febrero, en Chilapa, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció que el Ejército irrumpió en la comunidad de San Antonia Coyahuacán, Olinalá, e intimidó a los pobladores.

El 19 de marzo, en Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, militares irrumpieron en un campamento de desplazados por la violencia de La Laguna, según denunció el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El 6 de abril, en Ciudad Altamirano, ciudadanos denunciaron en redes sociales que los soldados del 34 batallón que habían llegado una semana antes para relevar a los del 40 batallón, salieron ebrios a asaltar a los ciudadanos y escandalizar en la vía pública.

El 3 de agosto ocurrió otra irrupción militar en La Concepción, justo cuando concluía una asamblea del Cecop. Los comuneros se organizaron y bloquearon con sus cuerpos la calle de acceso al poblado y obligaron a los militares –que iban con marinos– a retirarse.

Días más tarde, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores, fue citado por un militar vestido de civil, para comparecer ante el un ministerio público militar. La Sedena después informaría que se trataba de un homónimo y el citatorio no era para él, pero en esos días, desconocidos allanaron la vivienda del reportero.

El 26 de septiembre, tras la agresión de policías a normalistas, y en el contexto de la desaparición de 43, soldados del 27 Batallón detuvieron a los jóvenes y los insultaron, según sus propios testimonios. El hecho generó una reacción social porque los militares no impidieron la desaparición de los jóvenes, y la revista Proceso publicó una investigación en la que exhibe la posible participación del Ejército en los hechos.

El movimiento por la presentación con vida de los normalistas ha llegado en dos ocasiones al cuartel militar de Iguala, una en una protesta que simplemente dejaba la exigencia de que se busque en los cuarteles a los muchachos, y la otra, ocurrida al cumplirse tres meses de la desaparición, el 26 de diciembre, en la que los manifestantes incluso se adentraron en las instalaciones militares y dejaron pintas de grafiti.

El 4 de diciembre, en Acapulco, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció una creciente militarización en la zona de Ayutla y un hostigamiento de paramilitares contra la Organización de Pueblos Indígenas Mepaa (Opim).

Vía La Jornada Guerrero:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2014/12/31/index.php?section=politica&article=006n1pol