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MÉXICO, DF, 17 de febrero de 2015.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) condenó el asesinato de Norma Angélica Bruno Román, integrante del Comité de Familiares de los Otros Desaparecidos.
Ayer, la RNDDHM emitió una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, en la que condenaron el asesinato de la activista, perpetrado el viernes 13 de septiembre, a plena luz del día y frente a sus hijas.
El comunicado indica que Norma Angélica se integró al Comité de Familiares de los Otros Desaparecidos, para buscar a su prima Ivette Melisa Flores Romás, quien el 2 de marzo de 2013 fue privada de la libertad por un grupo armado, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
La Red criticó que la presencia de la Gendarmería Nacional no garantice la seguridad de los guerrerenses y aún se cometan crímenes contra la ciudadanía, sin exceptuar a mujeres y niños.
Ante ello, las 172 defensoras de derechos humanos que integran la RNDDHM manifestaron su preocupación e indignación por la violencia que prevalece en la entidad.
Exigieron que el gobierno federal tome las medidas necesarias para que cesen los asesinatos de activistas y defensoras de derechos humanos en México, que de 2010 a la fecha suman 32, la mayoría de ellos aun impune.
También reclamaron el esclarecimiento del asesinato de Norma Angélica; para ello pidieron que se atiendan todas las líneas de investigación, incluida su labor en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además, solicitaron garantías de seguridad y la debida reparación del daño para la familia de la activista, en especial, la atención a las necesidades de sus tres hijas.
La RNDDHM pidió que estas garantías de seguridad se extiendan también a los integrantes delComité de Familiares de los Otros Desaparecidos.
La carta pública emitida por la organización indica que el 10 de enero los integrantes del comité hicieron públicas las amenazas que recibieron del crimen organizado, para obligarlos a dejar la búsqueda de fosas clandestinas.
“A pesar de ello y del contexto que prevalece en Guerrero, la Procuraduría General de la República(PGR) decidió dejar de acompañar a los familiares de personas desaparecidas, quienes ante la falta de resultados eficaces de las autoridades, han tenido que asumir la búsqueda de al menos 380 víctimas de desaparición en Iguala”, reclamó la Red en el comunicado.
La búsqueda de fosas y cadáveres emprendida por la ciudadanía inició tras los hechos violentos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, que dejó como saldo la ejecución extrajudicial de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; el hecho fue perpetrado por sicarios de Guerreros Unidos y policías municipales coludidos.
De acuerdo a la RNDDHM, la desaparición forzada de los estudiantes fue un detonante para la denuncia de la grave crisis de desapariciones en México, que a la fecha suman más de 23 mil casos.
Recriminaron que esta crisis no ha sido adecuadamente reconocida y asumida el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por ello, exigieron garantías de seguridad para los normalistas de Ayotzinapa, para sus padres, para los defensores de derechos humanos que acompañan el caso y para los periodistas que documentan los hechos de violencia, inseguridad e impunidad que prevalecen en Guerrero.