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MÉXICO, DF, 20 de octubre de 2014.- Cinco entidades concentran el 50 por ciento del número de desaparecidos en México, que hasta agosto pasado ascendía a 22,322 personas, según las cifras oficiales más recientes.
Ese porcentaje lo conforman Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332, de acuerdo con estadísticas que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) entregó a CNNMéxico el 15 de octubre.
La misma cadena de noticias, reproduce que en el caso de Guerrero, la entidad no aparece en los primeros sitios en la cantidad de desapariciones, sino hasta el escalón 14 con 406 casos.
El RNPED comenzó a elaborarse en 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), a raíz de exigencias de organizaciones civiles para que se atendiera el problema de los desaparecidos en el país.
La base de datos es operada por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y se actualiza a partir de la información reportada por las procuradurías locales.
Este asunto ha vuelto a atraer la atención pública —incluso de parte de otros países y de organismos internacionales— a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en el municipio de Iguala, Guerrero, tras un incidente en el que fueron atacados por policías locales la noche del 26 de septiembre.
Al igual que Tamaulipas, Guerrero es considero uno de los estados más violentos del país. En homicidios, por ejemplo, en lo que va del año tiene a nivel nacional la tasa más alta por cada 100,000 habitantes (29.01) y ocupa el segundo lugar en esos crímenes en términos absolutos (1,029, sólo detrás de los 1,324 del Estado de México).
Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de la organización Amnistía Internacional (AI), señaló al respecto que las cifras del RNPED no reflejan la magnitud del problema en todos los estados, pues algunos carecen de mecanismos para registrar todas las desapariciones que ocurren en sus territorios y a su vez reportarlas al gobierno federal.