La destrucción y el nuevo partido
Andar doloroso por los caminos
Los desplazados constituyen una crisis humanitaria silenciosa en Guerrero. Su principal causa es la violencia. No se trata de un tránsito voluntario hacia otros espacios geográficos, se trata de un drama constituido por la pérdida humana y patrimonial, el trauma, la vulnerabilidad y el abandono.
Quienes logran llegar a un nuevo destino solo reciben asistencia para sobrevivir, la esperanza del retorno se disipa cuando no se pueden ofrecer garantías de seguridad para el retorno o de recuperar lo que ya les fue arrebatado.
Los que se quedan, no cuentan con normas vinculantes que los protejan, quienes ejercen la violencia se han venido empoderando hasta rebasar la capacidad de acción del Estado.
La violencia criminal, en su mayor parte relacionada con el tráfico de drogas, así como sus consecuencias inevitables, entre ellas, la presencia de fuerzas federales en diversas regiones del país ha desatado un fenómeno en el que también participan la corrupción y la desaceleración económica.
Según reportes de con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción por los Derechos Humanos (CMPDH), hasta hace unos meses en México existían 35 mil 433 víctimas directas de desplazamiento forzoso, de las que 30 mil 379 fueron reportadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por autoridades estatales y municipales.
En su último reporte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) registró de enero a diciembre de 2018 un total de 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en el territorio mexicano.
Con 13 casos, más de la mitad de esos eventos ocurrieron en Guerrero (13). A nivel nacional, 11 mil 491 personas fueron forzadas a dejar sus hogares. La CMDPDH registró 5 mil 56 personas
desplazadas en Guerrero; 590 son menores de edad. Los desplazamientos no han parado durante 2019.
En Guerrero se han provocado más de 2 mil desplazamientos a partir de 2006, justo cuando el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra los cárteles de la droga afectando a miles de mexicanos.
Pero existen otros episodios en los que la violencia no fue provocada por la acción del crimen organizado.
En la entidad suriana se cuentan casos de represión desde los años 50 hasta la llamada Guerra Sucia, en los años 70, donde hubo al menos 270 desaparecidos sólo en el municipio de Atoyac.
En esa época comunidades enteras como Las Cuevas, Salto Chiquito o Las Clavellinas en ese municipio desaparecieron, hoy son pueblos fantasmas. Todos aquellos pobladores integrantes de las familias Gervasio, Sarabia, Cabañas y Martínez cambiaron apellido por ser familiares o guerrilleros adeptos a Genaro Vázquez.
En los años 90, con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), “desapareció Cerro de los Pinos, Agua Zarca, y El Chiflón, totalmente, se redujo a la mitad la comunidad del Machetal y Agua Fría”.
Sin embargo, el Estado mexicano no acepta el desplazamiento forzoso, masivo u hormiga.
En 2014 en la entidad se promulgó la ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno, pero en los últimos nueve años, los grupos que originan el desplazamiento son del crimen organizado y ha ido tomando el control factico de varias extensiones del territorio, la capacidad de fuego para hacerles frente por parte del gobierno estatal viene disminuyendo.
Guerrero vive una crisis de derechos humanos que puede ser una crisis humanitaria en la cual se suman dos problemas que tienen el mismo origen: “el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y la omisión por parte de los gobiernos para combatirla, y atacar este problema.
Otro factor en el desplazamiento forzado en las comunidades rurales es que la mayoría son campesinos que dejan atrás sus milpas y animales, llegando a otros lugares como arrimados, en una situación en que se sienten victimizados o revictimizados.
Surgen problemas por los estigmas, muchas personas piensan que el ser desplazado es sinónimo de ser sicario, traficante, todas esas cosas, así como considera asesinos o presuntos delincuentes a quienes son asesinados o desaparecidos, consideran que fueron desplazados porque hicieron algo.
Son miles las personas desplazadas en las comunidades de forma hormiga, además de que las mineras siguen avanzando en municipios que han sufrido este fenómeno, como son Arcelia, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán.
La problemática de los desplazados no ha dejado de presentarse en la entidad por lo menos en los últimos nueve años, y es altamente probable que en el transcurso del 2020 sea parte de un enjambre de problemas que generaran movilizaciones sociales.
El humano errante, es como un pájaro lejos de nido diría la abuela.