El plan de rescate económico/Celestino Cesáreo Guzmán

Voluntarismos y cerrazón no nos pueden conducir a un buen destino.
Entendemos la racionalidad como el actuar de acuerdo con la razón y no dejarse llevar por impulsos; como un actuar racional que supone pensar, evaluar, entender y tomar decisiones atendiendo principios de mejora y consistencia, para lograr algún objetivo.

Sin embargo, el gobierno de la República, el año pasado tuvo un subejercicio por 48 mil millones de pesos; que en salud durante 2019 dejó de invertir hasta un 61% respecto a lo ejercido el año inmediato anterior.
¿Esto representó una mejora para los mexicanos?

En Guerrero, por ejemplo, una de las consecuencias se vivió en el desabasto de vacunas; el despido de personal del Seguro Popular, así como el cierre de los Comedores Comunitarios, que hoy desde la iniciativa de algunos gobiernos y de la sociedad civil, son una alternativa para mitigar los efectos de la recesión.

No debemos olvidar que en turismo, el subejercicio fue de cinco mil millones de pesos en 2019, y el presupuesto en turismo pasó de 8 mil 785 millones de pesos en 2019 (con su respectivo subejercicio); 5 mil 34 millones de pesos en 2020, una disminución del 44.7 por ciento.

Esto tampoco fueron buenas noticias para un sector estratégico de la economía en el país y de Guerrero.

Ante la agudización de la recesión, el presidente López Obrador dio a conocer hace poco, los once puntos de su plan económico para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Once puntos donde no menciona la actividad turística; ni cómo apoyará miles de desempleados; ni a quienes integran la actividad del comercio informal, este último sector representa el 56.7 por ciento de la actividad económica en el país.

En su plan, el Presidente anunció que, salvo sus 30 proyectos prioritarios, “no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios general y suministros”, sea lo que sea que esto signifique, pero que tampoco suena muy racional.

El Presidente necesita dinero es cierto, pero no nos ha explicado si de verdad juntó los 400 mil millones de pesos para enfrentar la crisis que anunció el 25 de marzo.

Ni qué ha hecho con los 180 mil 733 millones de pesos, fondos adicionales que le aprobaron los diputados federales el pasado 18 de marzo para crear el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias”.

Lo que sí ha dicho el Presidente, es que se ocuparán los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de los fideicomisos para financiar el plan de recuperación económica por la epidemia del COVID-1.

Estamos hablando de 150 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización, y más de 700 mil millones de pesos de los fideicomisos.
Si hacemos la suma, incluyendo los subejercicios del año pasado, la cifra llega a casi billón y medio de pesos.

No obstante estas cifras, el gobierno de la República van por más dinero: el de los programas que serán cancelados, y demanda reformar la Ley del Presupuesto de Egresos para dar mayores facultades a la Secretaría de Hacienda para hacer reasignaciones.

Hasta ahora, el gobierno federal ha reportado un gasto de 10 mil millones de pesos en atención a la pandemia, y créditos.

Así como préstamos a la palabra por 25 mil pesos para un millón de empresas que no hayan despedido a sus trabajadores, que otorgarán el IMSS por un lado, y la Secretaría de Economía atendería a otro millón de empresas con un préstamo similar.

No se trata de poner en duda el destino que se dará a estas millonarias cantidades, pero sí estar atentos a lo que nos dicen.

Por eso coincidimos con la idea de que, para enfrentar con éxito esta crisis la aplicación de los presupuestos en los tres órdenes de gobierno, debe hacerse de manera racional, transparente, sin excluir a los que de verdad lo necesitan.