Denuncian invasión de áreas comunes en unidad habitacional de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 23 de agosto de 2020.- Vecinos del edificio dos de la unidad habitacional Villas de las Granjas en el fraccionamiento Mozimba, denunciaron la invasión de áreas de uso común y espacios públicos, por la ampliación de cuatro departamentos en un edificio aledaño a un cauce pluvial.

Señalaron a la ex diputada local del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, a Esther Cantú Mendoza, a Ricardo Robles Gallegos y a Dagoberto Basurto Ruiz como los invasores de áreas comunes, pues han ampliado sus departamentos en la planta baja construyendo habitaciones adyacentes, aunque Basurto Ruiz construyó un piso en vertical.

Asimismo señalaron que un juez federal otorgó suspender la edificación, no obstante, las labores continúan.

Tal avance, explicaron, fue notificado a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, a cargo de Armando Javier Salinas, así como a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictamen Urbano.

Uno de los 14 propietarios afectados, Ernesto Martínez Abarca explicó a Quadratín Guerrero que el 8 de julio pasado, cuando comenzó la invasión, notificaron a las autoridades municipales de la irregularidad.

Dijo que el inspector de Obras adscrito a la Dirección de Licencias, Javier Soto Carmona acudió al lugar y tras dos semanas, los trabajos fueron clausurados, pero tampoco se detuvieron a pesar de que hubo sellos por parte del Ayuntamiento.

El municipio apercibió y comenzó el procedimiento administrativo número 562/20, contra quienes edifican en el espacio de uso común del inmueble condominal.

Otro afectado, Rogelio Ramírez explicó que el 17 de ese mismo mes, hicieron una queja formal ante el Órgano Interno de Control municipal y el contralor Francisco Torres Valdés les dijo que tenía conocimiento del asunto y pronto habría solución al mismo, situación que aseguró, no ha ocurrido.

Yadira Quevedo explicó que ante el avance de la edificación irregular, promovieron un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito, registrado con el número de expediente 365/2020 y, que el juez otorgó a su favor, pero recalcó que las edificaciones no se han detenido y por el contrario continúan avanzando.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales para que apliquen la ley pues argumentaron que el patrimonio de sus familias está en riesgo, dado que se encuentran sobre un canal pluvial registrado en el censo de zonas de riesgo por Protección Civil.