MÉXICO, DF., 8 de septiembre de 2014.- En lo que va del presente sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha concentrado, al menos 58 expedientes de queja por hechos violatorios contra periodistas.

Según lo publicado por El Economista, entre las quejas recurrentes se encuentran detención arbitraria; imputación indebida de hechos; integración de averiguación previa de manera irregular; empleo arbitrario de la fuerza pública; retención ilegal y restricción del derecho a la libertad de expresión.

Con base en datos integrados en el Reporte General, elaborado por la Dirección de Quejas y Orientación, los expedientes son contra la Policía Federal, Sedena, PGR, la Secretaría de Marina, procuradurías estatales e incluso tres gobernadores (Guerrero, Veracruz y Quintana Roo).

Los datos reflejan que de 58 expedientes, dos fueron integrados en diciembre del 2012, 31 en el 2013, y el resto (25) han sido quejas presentadas en el primer semestre de este año.

De acuerdo con los datos exhibidos por el organismo, a través del acceso a la información, entre las procuradurías acusadas se encuentran la General de la República; de Puebla (ciudad actualmente gobernada por el aliancista del PRD y PAN, Rafael Moreno Valle); la Fiscalía General de Chihuahua (en donde gobierna César Duarte); la Procuraduría General de Oaxaca; la Procuraduría de Tamaulipas (cuyo gobierno es de extracción priísta), además de Sonora, Chiapas, Sinaloa, Veracruz.

En los casos de quejas contra gobernadores, se encuentran las de Guerrero, Ángel Aguirre (PRD); Quintana Roo, Roberto Borge (PRI), y la del gobernador de Veracruz, Javier Duarte (PRI) por señalamientos que incluyen falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Cabe mencionar que desde agosto del año pasado, la CNDH advirtió que se observaba un incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de los miembros del sector periodístico, sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos, como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.

Aunado a esto, el hecho de que las autoridades encargadas de la seguridad pública tampoco lograban, en otros muchos supuestos, inhibir a los agresores o desarrollar políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al gremio, todo lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.