CHILPANCINGO, Gro., 29 de enero de 2015.- Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), junto con representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, sentenciaron que los casos de presos políticos y otros crímenes en Guerrero, no pueden quedar en la impunidad y que “Aguirre Rivero tiene que rendir cuentas”.

Recordaron que la pasada administración que encabezó Ángel Aguirre, se realizaron asesinatos y encarcelamientos a luchadores sociales e hicieron énfasis en el caso del vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En este contexto, informaron que el pasado 26 de enero la jueza tercera de distrito en Acapulco, Lilia Maribel Maya Delgadillo, concedió un amparo contra las violaciones en el traslado del luchador social quien fue recluido a un penal de máxima seguridad en Nayarit.

“No había motivos para el traslado de Marco de un CERESO estatal a uno de máxima seguridad nacional, por ello se concedió el amparo y ahora ya no hay excusas para que no regresen a nuestro compañero a Guerrero”, destacó Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

Asimismo, mencionó que para aprehender a Marco Suástegui, las autoridades estatales, le fabricaron delitos al luchador social un sinfín de delitos, sin embargo, todos, han sido “echados” abajo y el único que se le imputa actualmente, es de nivel estatal por lo que su estancia en Nayarit, es improcedente.

Por su parte, María de Jesús Pérez Hernández, esposa del luchador social recluido, exigió al gobierno de Rogelio Ortega cumplir con lo anunciado con respecto a la liberación de los presos políticos.

“Un juez federal ya lo amparó, no tiene ningún motivo para seguir allá, si el gobernador que se dice de izquierda en verdad quiere mostrar apoyo, este es el momento de hacerlo”, manifestó.

Agregó que desde que rechazó junto al ejido el proyecto de la presa “La Parota”, comenzó una serie de persecución mediática en su contra así como acusaciones de distintos tipos como robo, bloqueo a las vías de comunicación federal y otras.

Finalmente, explicó que el amparo concedido desde el 26 de enero, obliga a la Secretaría de Seguridad Pública a trasladar a Marco Suástegui del CEFERESO número 4 de Nayarit al CERESO de “La Unión” en Guerrero.