CHILPANCINGO, Gro., 16 de enero de 2014.- Hasta doce años de cárcel se impondrán a los servidores públicos en Guerrero que cometan, instiguen o autoricen a otros a torturar a una persona para obtener información o alguna confesión.

Este martes, por unanimidad, las y los diputados locales aprobaron una ley para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de tortura en la entidad, según un comunicado de prensa emitido por el Congreso.

La nueva ley se establece que se impondrán de cuatro a 12 años de prisión, de 200 a 500 días de multa, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo para los servidores públicos  que instiguen o autoricen a otro a cometer tortura contra una persona para obtener información o confesión.

Además, se señala que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura o tratos crueles, degradantes e inhumanos podrá invocarse como prueba  y no tendrá valor probatorio ante una autoridad policiaca, ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

También se especifica que el responsable de la comisión de alguno de los delitos que se señalan en la Ley deberá cubrir a la víctima de tortura los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que se hayan erogado como consecuencia de ésta, y estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos.

Asimismo, se creó un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, como instancia técnica de examen y seguimiento de los casos de tortura y estará integrado por los presidentes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, y de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e  Instructora del Congreso local, así como del Tribunal Superior de Justicia, entre otros.