CHILPANCINGO, Gro., 167 de febrero de 2014.- Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia  del Congreso local trabajan en el análisis de seis iniciativas de reforma Penal que permitirá poner a la vanguardia al sistema de justicia en Guerrero.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Congreso, las iniciativas de reforma son a los códigos penal y de procedimientos penales; a la ley de justicia alternativa, de justicia para adolescentes, de atención y apoyo a víctimas y ofendidos, y de extinción de dominio.

En lo que respecta a la iniciativa de  reforma y adiciones a la ley de justicia para adolescentes  el contenido y alcances de la actual ley en el estado contiene insuficiencias y limitaciones, además de equívocos términos, errores de redacción e incluso de ortografía que afecta la aplicación de dicha ley que debe ser modificada y hacerla más eficaz para lograr una mejor justicia para adolescentes en Guerrero.

En la iniciativa de ley de atención y apoyo a víctimas y ofendidos el nuevo sistema de justicia penal ofrece a las víctimas un espacio de reivindicación ya que ha sido un estado omiso en la tutela de los derechos fundamentales de las víctimas, en sus más mínimas expresiones, para ello, se deben implementar mecanismos idóneos de acceso a la justicia, oportunos y suficientes, que permitan a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad, hallar espacios de ejercicio pleno de sus derechos, que promuevan la superación de su condición.

En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio se trabaja en crear los instrumentos jurídicos que permitan al Estado asegurar los bienes relacionados con delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, que recaen en el ámbito local o fuero común.

Con el objetivo de brindar seguridad pública y justicia, con procedimientos que permitan incautar los bienes muebles e inmuebles que son instrumento, objeto o producto del delito, o que estén destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales hechos ilícitos a favor del Estado, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del acusado.