CHILPANCINGO, Gro., 18 de febrero de 2015.- El aspirante del PRI a la alcaldía de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, sostuvo que la cancelación de las elecciones no es la solución a la crisis social que enfrenta Guerrero por la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre en Iguala.

 

Si con la suspensión del proceso electoral fuesen a aparecer los 43 estudiantes, ¡por supuesto que echamos abajo las elecciones!, lamentablemente no creo que sea así”, expresó en conferencia de prensa.

De acuerdo a Leyva Mena, la sociedad tiene que reclamar justicia “con todo coraje” y levantar la voz por los hechos acontecidos en Iguala.

 

Sin embargo, sostuvo que esto debe de hacerse a través de una línea institucional, cimentada en la ley, para que prevalezca el estado de derecho.

 

Indicó que no serán los partidos políticos ni los candidatos quienes dialoguen con las organizaciones sociales que exigen la cancelación de los comicios, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

 

Esta tarea, dijo, es responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que debe de garantizar la conducción, organización y alineamiento de las elecciones.

 

También se le preguntó sobre la llegada de policías comunitarias a los pueblos aledaños a la capital guerrerense.

 

Leyva Mena dijo que este tipo de autodefensas continuarán expandiéndose mientras el Estado no resuelva los problemas de inseguridad y delincuencia organizada.

 

Sostuvo que, aunque la existencia de las policías comunitarias es justificable, estas deben de enmarcarse en la legalidad para que prevalezca el estado de derecho.

 

Esta policía comunitaria se debe sujetar a cierta normatividad, cierta reglamentación, no pueden portar armas sin la reglamentación debida, porque no podemos atacar actos delictivos con conductas delictivas y con órganos que no se sujetan a la ley”, expresó.

 

El aspirante a la alcaldía de Chilpancingo explicó que es necesario construir un andamiaje normativo, porque actualmente “un ciudadano puede portar armas y hacer lo que quiera con ellas, sin estar sujeto a una reglamentación”.

 

Por ello, reiteró: “Tenemos que hacer que se dialogue, que se reglamente, pero no podemos dejar que grupos de esta naturaleza puedan infringir la ley, aunque sea para combatir una situación delictiva, legalmente no es lo correcto”.