MÉXICO, DF, 10 de octubre de 2014.- En la Cámara de Diputados, apenas se creó la Comisión Especial para dar seguimiento a las desapariciones y asesinatos de estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, y ya comenzaron a surgir las diferencias entre los integrantes, destaca la primera emisión de Noticias MVS.

De acuerdo con un trabajo realizado por la reportera Angélica Melín Campos, la vice coordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, advirtió que dicha instancia legislativa corre el claro riesgo de quedar en una “comisión de papel”.

Lo anterior, porque se percibe un ánimo entre los integrantes de no acelerar los trabajos, no visitar Guerrero, no hablar con el gobernador Ángel Aguirre y no definir a la brevedad el plan de trabajo ni acelerar el llamado a reuniones con los funcionarios federales en materia de seguridad y procuración de justicia, denunció.

Aguilar Gil lamentó que la propuesta inicial de agenda, planteada por el presidente de la Comisión y diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya, consista en convocar a reunión cada mes.

De persistir la intención de no abordar el tema a fondo y dejar en segundo plano a la Comisión Especial, para que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sea la encargada de llevar el análisis de los sucesos violentos en Iguala, Guerrero, a sabiendas de que sus encuentros son privados y no incluyen a las fracciones minoritarias, el PT se retirará de la instancia recientemente creada.

En contraparte, la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de la diputada Lizbeth Rosas, aclaró que los legisladores no son Ministerio Público, no tienen facultades de investigar y se esforzarán por coadyuvar en las indagatorias del caso, pero sin hacer juicios a priori.

Enfatizó que los perredistas no serán “tapadera ni alcahuetes” de ningún funcionario que resulte involucrado en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aun cuando se trate del alcalde de Iguala, el gobernador de Guerrero, así como las autoridades federales a las que acusó de ser omisas.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Aleida Alavez, y un numeroso grupo de diputados y diputadas de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), indicaron que en el caso Guerrero, el Congreso de la Unión debe cumplir la misión de vigilar que las autoridades involucradas cumplan la ley y lo hagan con respeto a los derechos humanos.

Demandaron no politizar la tragedia y advirtieron que se debe conocer con exactitud qué actuación tendrá la fiscalía guerrerense, la cual tuvo denuncias sobre los lazos con la criminalidad por parte del alcalde de Iguala; así como la Procuraduría General de la República (PGR), que también tenía conocimiento del asunto.

Incluso, manifestaron que el PRD no quiere una Comisión “de mentiras”, sino que clarifique la acción de todas las autoridades.

Tras recriminar que la diputada Aguilar Gil haga “juicios a priori” sobre las investigaciones y sobre el trabajo de la Comisión, cuando los legisladores no pueden actuar como juez, las integrantes del Sol Azteca demandaron no descreditar al nuevo organismo legislativo.

Afirmaron tener interés en que rápidamente acudan a San Lázaro los funcionarios del gabinete de seguridad, a quienes se solicitará un informe sobre la situación de las policías municipales, por lo que la conclusión debe ser la de fijar medidas que inhiban las tensiones sociales que culminaron en los hechos referidos.

También exigieron garantías de seguridad para el profesor René Bejarano y los testigos que han proporcionado información a las instancias oficiales, sobre el proceder ilícito del alcalde de Iguala y sus funcionarios.

En medio de los dimes y diretes, la Comisión Especial finalmente se reunió alrededor de las 14:00 horas de este jueves y determinó comenzar a girar las invitaciones a funcionarios públicos y representantes de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, a fin de obtener información del caso.