Confirma PGJE participación de ex funcionario de Chilapa en secuestro

CHILPANCINGO, Gro., 11 de enero de 2014.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó vía comunicado que Vicente Jiménez Aranda, ex funcionario del ayuntamiento de Chilapa, fue detenido por agentes del Grupo Táctico Antisecuestros por su probable participación en el delito de secuestro agravado, un ilícito considerado como grave.

El comunicado indica que en un principio el ahora ex funcionario detenido fue sometido a la medida cautelar de arraigo durante 30 días y un juez de Primera Instancia en Materia Penal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado.

La PGJE informó que actualmente Jiménez Aranda se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital, junto con un cómplice.

En su oportunidad, la PGJE informó que derivado de una denuncia de secuestro interpuesta ante la Fiscalía Especializada en la Investigación contra el Delito de Secuestro, se detuvo a dos hombres, uno de ellos trabajador del ayuntamiento de Chilapa, con fecha 7 de octubre del año 2013.

Posteriormente se solicitó a la autoridad judicial medida cautelar de arraigo por 30 días para perfeccionar la indagatoria respectiva

Al haberse levantado la medida y cumplimentado la orden de aprehensión correspondiente, el Juez cuarto de Primera Instancia en Materia Penal dictó el auto de formal prisión en contra del exfuncionario de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda, y el ex trabajador del empresario secuestrado, quien era amigo muy cercano de la víctima, según se desprende de las investigaciones que constan en el expediente judicial.

En la detención de los dos probables responsables de secuestro, únicamente participaron agentes del Grupo Táctico Antisecuestros de la Fiscalía General guerrerense.

La Fiscalía General guerrerense presentó evidencias y testimonios fehacientes de la probable responsabilidad de los detenidos y formalmente sujetos a procesos penales, por lo que a través del Ministerio Público solicitará en sus conclusiones acusatorias que el juez penal del conocimiento les imponga la pena máxima de 60 años de prisión, por considerarse el delito de secuestro agravado, uno de los de mayor impacto social.