Dejan un desmembrado atrás de Soriana de Renacimiento en Acapulco
CHILPANCINGO, Gro., 4 de julio de 2014.- Tras el segundo auto de formal prisión al líder comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó la acción del Gobierno del Estado de Guerrero pues consideran que es una acción política.
De acuerdo a información publicada por AM, para la organización no gubernamental, la acción también se debe a querer imponer el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, el cual se ha cancelado desde el Gobierno de Vicente Fox debido a la defensa al activista y un grupo de comunitarios en los Bienes Comunales de Cacahuatepec en el Acapulco rural.
“Esta nueva resolución forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual, en menos de 20 días, ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana.
“Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del Gobierno del Estado de impartir justicia ‘pronta, imparcial y eficaz’, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales”, señaló el Centro en un comunicado.
Tlachinollan considera que Suástegui fue ilegalmente trasladado a distintos penales por criterios políticos arbitrarios y actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic, Nayarit.
Y es que su defensa legal promovió y ganó suspensiones para el traslado concedidas por Juzgados de Distrito en dos juicios de amparo, de números 543/2014 y 649/2014.
Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprehensión, este 1 de julio le fueron notificadas dos causas penales más, una por lesiones simples y la otra por despojo.
“Todas estas acusaciones están plagadas de violaciones al debido proceso y tienen un trasfondo claramente político, por lo que se tratan de procesos que ocultan las intenciones del Estado de criminalizar la lucha social.
“Frente a la desinformación que genera el Gobierno del Estado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatiza que el trasfondo de los delitos imputados a Marco Antonio Suástegui es la intención de reactivar el proceso con el cual se busca imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota”, indicó.