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Da a conocer CNDH avances de su investigación del caso Iguala
06 de octubre de 2014
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7:42
Especial
Redacción/Quadratín
MÉXICO, DF, 06 de octubre de 2014.- Tras los hechos registrados en el municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los avances de la investigación que realiza en torno a la muertes de seis personas, 43 desaparecidos y varios heridos.
Se reproduce parte del informe de la CNDH:
Que desde el 27 de septiembre, el organismo inició una investigación de oficio e integró un grupo de trabajo conformado por 30 visitadores adjuntos entre abogados, médicos, psicólogos, y criminalistas, quienes han realizado 233 diligencias consistentes en 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos; 74 servicios de atención psicológica a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas, así como 32 visitas tanto al lugar de los hechos, a domicilios de los afectados, a hospitales públicos y privados, al Servicio Médico Forense, a las instalaciones de la Rural de Ayotzinapa, y al lugar donde fueron encontradas fosas clandestinas.
Asimismo, se han girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y se han obtenido 24 expedientes clínicos y 6 necropsias.
Con fundamento en los artículos 1o, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o, fracción XV, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de la institución Raúl Plascencia Villanueva, acordó continuar el trámite del expediente iniciado de oficio desde el 27 de septiembre último, como investigación de violaciones graves de derechos humanos.
Se trata de la tercera ocasión, en que la comisión ejerce esta facultad -por segunda vez en el estado de Guerrero- dado que la naturaleza de los acontecimientos implican violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad de las personas, y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.
