MORELIA, Mich., 14 de noviembre de 2014.- El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky, advirtió que las desapariciones forzadas no ocurren en el vacío, sino en el contexto de un Estado de derecho, cuyas debilidades permiten que esos casos queden impunes, destaca la primera emisión de MVS.

Al reunirse con la Comisión Especial de seguimiento al caso Iguala, el representante del organismo internacional señaló que la demanda a las autoridades del Estado, es que traten con dignidad a las víctimas de desaparición forzada y eviten que quienes denuncian o divulgan la información, sean perseguidos y amenazados.

Recalcó que los sucesos en Iguala deben representar la oportunidad de dar trato igual a las víctimas de violaciones a derechos humanos y desapariciones forzadas.

Lo ocurrido con la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo, debe “normalizar” la respuesta del Estado ante desapariciones forzadas, pues no es aceptable que solo en una ocasión, el Gobierno Federal eche mano de miles de elementos policíacos para buscar a personas desaparecidas y el resto de los casos se dejen de lado.

Con la frase: “Iguala somos todos”, señaló que el criterio mínimo de respuesta de la autoridad ante casos como el de los normalistas, debe ser pensando en que los desaparecidos, son “nuestros hijos”.

Hace unos años nosotros realizamos una visita a un país y la madre de una persona desaparecida nos pidió que le transmitiésemos a las autoridades la siguiente pregunta: ¿Qué hubiese hecho usted, autoridad, si su hijo hubiere desaparecido? Este tiene que ser el criterio mínimo sobre el que medimos todas nuestras respuestas, porque finalmente, Iguala somos todos”, expresó.

Calificó como muy grave el fenómeno de las desapariciones forzadas; sin embargo, persiste la impunidad porque ese tipo de delitos suelen perseguirse, pero bajo la categoría de “secuestro”.

Agregó que el Congreso de la Unión, debería avalar una ley en materia de desapariciones forzadas, que contemple la responsabilidad a causa de la acción de funcionarios públicos o privados, que cuenten con la complacencia del Estado.

También planteó la necesidad de desarrollar un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Planteó que el país no cuenta con políticas públicas integrales para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño a las víctimas de desapariciones forzadas.

Asimismo, dijo, hace falta coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las áreas de procuración de justicia, las cuales tienen carencias en materia de capacitación para atender casos de desapariciones forzadas en los que se mezclan la participación del crimen organizado, la corrupción y la actuación inadecuada de las fuerzas de seguridad.