CHILPANCINGO, Gro., 23 de julio de 2015.- El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio declaró las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero como territorio libre de minería.

En el contexto del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, el Consejo Regional ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de México.

Las autoridades populares denunciaron que el Registro Agrario Nacional (RAN) ha negado la inscripción de Actas de Asamblea en que los diferentes núcleos agrarios del Consejo han rechazado la actividad minera dentro de sus territorios.

Advirtieron que esta negativa del RAN viola la Ley Agraria: “El Registro Agrario Nacional no puede negarse a reconocer nuestro derecho consuetudinario ni el derecho agrario”.

Por ello, basados en su derecho al territorio y a la libre determinación, los pueblos que integran el Consejo Regional de Autoridades Agrarias declararon las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero como Territorios Libres de Minería.

Desde 2012, al menos 20 núcleos agrarios de las regiones Montaña y Costa Chica levantaron actas de asamblea con todas las formalidades que la ley agraria establece, para dejar asentado su rechazo a la actividad minera y a la decantación de la Reserva de la Biósfera en La Montaña de Guerrero.

De estas actas de asamblea al menos 15 solicitaron su inscripción en el Registro Agrario Nacional, de las cuales solo tres fueron consideradas procedentes.

En su resolución, el delegado estatal del RAN determinó que el acuerdo de los núcleos agrarios no se debía inscribir porque no crean, transfieren, modifican o extinguen derechos, con base en la fracción VIII del artículo 49 del Reglamento Interior del  Registro Agrario.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan envió un comunicado, en el que afirmaron que el RAN actuó de manera incorrecta.

De acuerdo a Tlachinollan, es aplicable la fracción IX del mismo artículo 49, ya que al rechazar la actividad minera y la Reserva de la Biosfera, los núcleos agrarios están rechazando el uso de sus tierras para actividades que afectaría de forma definitiva el ejercicio de los derechos que poseen en lo colectivo y en lo individual para usar y aprovechar su territorio.

A través de un oficio entregado al Comisionado para el Diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, el Consejo de Autoridades Agrarias solicitó que el gobierno federal y el gobierno estatal “cesen sus insistentes proyectos de hostigamiento y despojo de la tierra y el territorio de los pueblos originarios que vivimos en Guerrero”.

De la misma manera pidieron al Comisionado que presione a la Procuraduría Agraria para que de manera inmediata sus funcionarios registren sus actas de asamblea, de todos los núcleos agrarios que se oponen a la minería y aprueban la reserva de la biosfera.

El Área Jurídica de Tlachinollan asegura que las Actas de Asambleas que se han solicitado inscribir no constituyen una mera declaratoria, sino que registra una decisión comunitaria frente a un inminente acto de autoridad que modificará las condiciones de uso y aprovechamiento de los Núcleos Agrarios.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos, la actividad extractiva minera y la decretación de una Reserva de la Biosfera, si bien no necesariamente se extingue la propiedad del polígono respecto del que se concesiona o se decreta, sí se modifica sustancialmente el régimen concerniente a su uso y aprovechamiento.

Argumentaron que esta modificación afecta de manera grave los derechos de los comuneros y ejidatarios a la protección de su territorio, sus tierras y bienes naturales, así como el derecho a su explotación en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan.

Estos derechos están consagrados en el artículo 1°, 2°, 27 constitucional, 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En base a esto, indica Tlachinollan,  el RAN está obligado a inscribir los acuerdos de los Núcleos Agrarios expresados en Actas de asamblea.