Del Mando Único Policial a la batalla frontal

En tanto el Mando Único Policial (MUP) se mantiene como un mecanismo de confrontaciones entre los tres niveles de gobierno, la problemática de inseguridad en el estado de se incrementa y ante la falta de resultados surgen día a día nuevas expresiones de autodefensa que perfilan por enésima vez, la construcción de escenario de ingobernabilidad en Guerrero.

La discusión del mando en realidad es una lluvia sobre mojado. Fue la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong un detonante que reabrió una discusión que en la práctica ya estaba superada.

El 21 de enero en Chilapa, afirmó que Francisco Sandoval Vázquez, entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, “no ha presentado examen de control y confianza y se ostenta como profesionista con “un título apócrifo”.

Además puso como ejemplo este caso para insistir en la necesidad de implantar el mando único, ahora denominado policía estatal única, en los 81 municipios de la entidad.

En los círculos perredistas de la entidad y en la dirigencia nacional, se reaccionó por la insinuación de presuntos nexos con el narco, motivo por el cual, se dijo, han manifestado públicamente su rechazo al Mando Único Policial.

Y es que el 6 de enero, los alcaldes de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, discreparon sobre el Mando Único Policial que empuja el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Para el alcalde porteño resultaba inaceptable el modelo policial si no lo conoce, y el capitalino desde ya lo aceptó porque le ve bondades en todo, sobre todo para el combate a la delincuencia.

Las diferencias radicaron en que al primero, según dijeron, el gobernador no le ha dado detalles del modelo policial, mientras que al segundo ya lo hizo.

Durante la primera reunión del año con los miembros de su gabinete, el gobernador instruyó al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para que en seis meses tuviera listo el Mando Único Policial.

ANTECEDENTES

El 22 de marzo de 2013, los 81 presidentes municipales y el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero firmaron en el centro de convenciones Forum Mundo Imperial de Acapulco el convenio marco para su incorporación al Mando Único Policial, en un evento en el que todos los alcaldes manifestaron su disposición de incorporarse a ese modelo policial.

No fue publicado en el periódico oficial del estado para darle la obligatoriedad que debe ser, y posteriormente, nunca se cumplieron las fases que deberían de seguirse: revisar las cantidades de personal, material, instalaciones y hacer la transferencia al estado como lo habían firmado los alcaldes.

Dos meses después, el 7 de mayo, solamente seis presidentes municipales ratificaron la firma de dicho convenio: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo, municipios en los que, sin embargo, nunca llegó a concretarse el mando único.

El 7 de mayo de 2014, en Chilpancingo se firmó el convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios, entre ellos Acapulco.

El 6 de mayo del 2014, en sesión de Cabildo extraordinaria encabezada por Luis Walton Aburto, entonces alcalde de Acapulco, se votó la aprobación del Mando Único. Ese mismo día los policías municipales se movilizaron por lo que la sesión de Cabildo se realizó en un salón del Grand Hotel, sede alterna a la sala Juan R. Escudero. Era el único tema a tratar en esa reunión extraordinaria, en la que 18 regidores votaron a favor y hubo dos abstenciones.

Ese mismo día, policías municipales marcharon de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública al Ayuntamiento y de regreso, en protesta por los resultados de los primeros exámenes de evaluación, que representaba la baja de gran parte de ellos por no aprobarlos.

A los siete días, aproximadamente, empezó el proceso de evaluación de los policías municipales con la aplicación de exámenes toxicológicos. El 19 de mayo de 2014 se aplicaron las pruebas médicas a policías municipales, segundo filtro para el proceso de transición al Mando Único y se evaluaron 200 policías municipales por día.

La tercera parte de la evaluación empezó el 1 de junio con el examen de polígrafo, para lo que los policías fueron a la ciudad de México.

El 21 de mayo, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, aseguró que había dinero en el gobierno federal para liquidar a los policías que no pasaran la certificación, sin embargo en Acapulco fueron pocos los que aceptaron la baja.

El 7 de julio de 2014 se desarmó a 612 policías auxiliares municipales, de los cuales sólo el 10 por ciento hizo los exámenes de evaluación para el Mando Único.

Los policías municipales iniciaron un paro en contra del Mando Único y en exigencia de prestaciones; la protesta duró ocho meses, inició en julio de 2014 y concluyó en marzo de 2015.

El 19 de agosto, Marcos Esteban Juárez Escalera, secretario de Seguridad Pública de la pasada administración, informó que se requerían 115 millones de pesos para liquidar a los 500 policías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, y se quejó de que el estado y la federación dejaron solo al municipio para el pago.

El 3 de septiembre, Luis Uruñuela Fey, alcalde interino admitió que el Mando Único no estaba funcionando como se planeó en un principio por las autoridades federal y estatal, y que el ayuntamiento asumió los costos de liquidar a los policías pero que era una responsabilidad compartida.

Al comenzar la actual administración de Evodio Velázquez Aguirre, alcalde perredista, expuso que pediría a la federación que se hiciera una reevaluación a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza, además de recordar que el ayuntamiento no tiene la capacidad financiera para liquidar a quienes no aprueben dichas evaluaciones.

En noviembre el primer edil puso en marcha un mecanismo se seguridad denominado Escudo Acapulco. Afirmó que se reunió con el Grupo de Coordinación Guerrero, al que presentó el programa Escudo Acapulco y se acordó instalar mesas para intercambiar opiniones en relación a los programas y acciones que se tienen que poner en práctica en Acapulco en temas como la seguridad.

También mencionó la certificación de mil 200 efectivos municipales, instalación de botones de pánico en las colonias con más alto nivel de violencia y la creación de la Policía Turística y que se buscaría una estructura en seguridad, integrando a la sociedad, como ocurrió en Ciudad Juárez y otras ciudades violentas del país.

Pero el escudo fue opacado por los hechos de violencia que ocurrieron en el municipio y la propuesta alternativa al MUP que presentarían los alcaldes perredista nunca trascendió.

El 23 de enero, Velázquez Aguirre removió a Francisco Sandoval Vázquez, secretario de Seguridad Pública. En su lugar, fue nombrado como encargado de despacho, Manuel Flores Sonduck, quien se desempeñaba como director de la Policía Turística de la ciudad pero tampoco se encuentra certificado.

El 15 de octubre de 2015 el Consejo Estatal de Seguridad Pública mediante el oficio 1948 informó al edil porteño que el resultado de aprobación –emitido el 3 de septiembre- del examen de control y confianza de permanencia que presentó el ex jefe policiaco “quedaba sin efecto”.

El 26 de enero Federico Suástegui Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Zihuatanejo, fue cesado de su cargo por instrucciones y estrategia de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

LA VIDA SIGUE IGUAL

Mientras la discusión del MUP pasó del ámbito de seguridad pública a la pugna político electoral, en Guerrero los asesinatos, secuestros, extorsiones se mantienen vigentes evidenciando que con o sin MUP no hay mejoría en las condiciones de vida en riesgo de los habitantes.

Tan sólo en los días previos al cierre de este artículo, habitantes de la comunidad de Zotoltitlán, en el municipio de Mártir de Cuilapan, continuaron con sus retenes de gente armada en los accesos de la población, debido a que siguen sin saber del paradero de Antelo García, campesino desaparecido.

Sin embargo Felícitas Muñíz Gómez, presidenta municipal, aseguró que los habitantes armados en la comunidad de Zotoltitlán, no tienen nada que ver con la creación de un grupo de autodefensa y las acciones de los ciudadanos sólo son para buscar a un campesino desaparecido.

En contraste, los grupos indígenas aseguran que sí es un grupo de autodefensas debido a la indefensión que se vive en el área rural y la falta de respuesta de las autoridades.

Las dirigencias empresariales en las principales ciudades de la entidad dejan entrever la posibilidad de armarse para hacer frente a los casos de extorsión y secuestro de que están siendo objeto.

*Publicado en la revista Siempre! y se reproduce con el permiso del autor.