Se reúne Evelyn con miembros de la Jucopo del Congreso de Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2016.- La gran cantidad de mexicanos y latinoamericanos en busca de apoyo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería obligar a nuestro Estado Nacional y a otros del Continente a reforzar sus compromisos y, sobre todo, al cumplimiento de los mismos para garantizar la sostenibilidad de este organismo que hoy está en crisis financiera, afirmó el diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez.
Con base en ello, propondrá al Congreso de la Unión exhortar al Ejecutivo Federal asumir la obligación de garantizar la existencia y el funcionamiento de la CIDH y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) –del cual forma parte- haciendo frente a sus necesidades financieras.
Mediante una propuesta de punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aclara que, en efecto, no se trata de que únicamente el Estado Mexicano asuma este compromiso financiero, pero sí que haga su parte y que su gobierno encabece la integración de un grupo de trabajo con los gobiernos de otros países de América para tal propósito.
Además de un segundo exhorto en este sentido, pedirá al Congreso de la Unión un tercero, pero éste dirigido a esos otros gobiernos aglutinados en la Organización de Estados Americanos (OEA) para asumir y cumplir igualmente sus obligaciones para subsanar la crisis financiera por la que atraviesa la CIDH.
En su argumentación, Ortega Álvarez señala que CIDH y el SIDH son instituciones que han contribuido al respeto y defensa de los derechos humanos, así como a la vida e integridad de víctimas, periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el Continente.
A pesar de su gran valía, los gobiernos y estados americanos contribuyen poco para su sostenimiento, y aun así incumplen sus compromisos, lo que tiene a la CIDH en una alarmante crisis financiera que eventualmente la puede llevar a prescindir del 40 por ciento de su personal y a suspender audiencias públicas.
También casi el 40 por ciento de las peticiones de apoyo que recibe ha sido de mexicanos. De dos mil 164 solicitudes, 849 ha sido de nuestros connacionales, lo cual no es de extrañar si se toma en cuenta que en nuestro país se vive una sistemática y sistémica violación de Derechos Humanos.
“Esta situación coloca a México en una situación especial en la que, aunque hemos sido de los países que ha hecho aportaciones voluntarias, un esfuerzo financiero debería ser realizado con base en la proporción de trabajo de defensa de los Derechos Humanos que realiza la CIDH para el país”, argumenta.
Agrega que ésta es una oportunidad histórica para que el Estado Mexicano refrende en los hechos su compromiso con la protección, defensa y promoción irrestricta de los Derechos Humanos encabezando a otros gobiernos para asegurar la sostenibilidad de este organismo fundamental.
“La comunidad internacional no puede permitir el debilitamiento de la CIDH. Cada país miembro de la OEA debe comprometerse a realizar las aportaciones económicas necesarias para que eso no ocurra”, concluyó.
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