DISTRITO FEDERAL, Mex., 13 de diciembre de 2013.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció “el clima de violencia que prevalece en Guerrero y… la escalada del uso desviado del sistema de justicia penal que por un lado mantiene en la impunidad las agresiones, amenazas y asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos y por el otro pretende controlar coercitivamente los sistemas de justicia comunitaria reconocidos en los marcos normativos estatales, nacionales e internacionales” como es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Al presentar el Diagnóstico Mesoamericano 2012 “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica” realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la red mexicana, que agrupa a 135 defensoras de 83 diversas organizaciones y de 20 diferentes estados de la República, subrayó que Guerrero se encuentra dentro de los primeros estados con el mayor índice de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Respecto a Guerrero, la red destacó la “pasiva respuesta de las autoridades frente a las agresiones y asesinatos contra defensoras y defensores se contrapone con (la) creciente criminalización de integrantes de la Policía Comunitaria, frente a quienes en abierta violación del derecho al debido proceso se han modificado de manera arbitraria las competencias judiciales”.

Además, apuntó, “se han obstaculizado deliberadamente las labores de la defensa; se ha incomunicado a la y los detenidos; se han hecho acusaciones desproporcionadas; así como traslados injustificados de tres integrantes, entre ellos Nestora Salgado García, a Centros Federales de Readaptación Social de Mediana y Máxima Seguridad, a miles de kilómetros de distancia de Guerrero, con la complacencia de las autoridades Federales”.

Asimismo, denunció que “la falta de investigaciones eficientes” en los casos de agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos es el principal aliciente para que la crítica situación se acreciente” y manifestó su preocupación por el incremento de dichas agresiones y de los recientes asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el estado.

Recordó la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista desde el 7 diciembre de 2011, así como los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, quienes fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 y posteriormente ejecutados.

En ese marco, la red reiteró su exigencia para que se garantice la seguridad y protección de las personas defensoras de derechos humanos en Guerrero; para que se lleven a cabo investigaciones eficientes y expeditas en los casos de agresiones y asesinatos de las y los defensores de derechos humanos en el estado; se dé fin a la criminalización de la defensa de los sistemas normativos de los pueblos indígenas de la región; y se traslade inmediatamente a la y los integrantes del sistema de seguridad y justicia comunitario a Guerrero, garantizando su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso, así lo informó La Jornada.