Denuncian abusos de la Policía Ciudadana de Ocotito

CHILPANCINGO, Gro., 30 de julio de 2014.- Pobladores de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, denunciaron a la Policía Ciudadana disidente ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), por supuestos actos de abuso de poder, hostigamiento y extorsión.

Uno de los casos que expusieron ante la Coddehum, es el de José Enrique Morales Cabañas, detenido por los comunitarios disidentes desde el 8 de julio.

Incluso mostraron copia de la denuncia que su madre, Soledad Cabañas Salmerón, presentó ante el Ministerio Público, bajo el número de averiguación previa BRA/SC/AA/05/1167/2014.

La denuncia indica que José Enrique Morales Cabañas recibió un citatorio por parte de la Policía Ciudadana disidente.

En el citatorio le pedían que se presentara en la base de operaciones en Ocotito, a las 20:00 horas del 8 de julio, o de lo contrario los policías irían por él hasta su domicilio.

El hombre se presentó a la cita y ya no regresó a su casa; los comunitarios disidentes lo detuvieron sin informarle a su familia cuál era el delito que había cometido.

A la fecha, José Enrique continúa privado de su libertad, por lo que su madre, una mujer viuda de 71 años, pidió la intervención de las autoridades competentes.

En su denuncia, responsabiliza a Carlos Romero Reyes, Cresenciano Ramírez López, Gloria Torres Díaz, Judith Romero Reyes, Nelva Edilia Sánchez López, Olga Meneses Torres, Salvador Alanis Trujillo y Silvestre Plancarte Mondragón, por la privación ilegal de la libertad de su hijo, así como de cualquier daño que pudiera sucederle a él y a su familia.

El caso más reciente de abuso de poder de la Policía Ciudadana disidente ocurrió la tarde del miércoles 29 de julio: cuatro niños jugaban en la calle arrojándose gravilla y al momento en que pasaron los comunitarios disidentes, unas piedras cayeron sobre el parabrisas de su camioneta.

Una niña y tres niños de entre 9 y 12 años, corrieron a esconderse a su casa, pero los comunitarios trataron de allanar el domicilio y llevárselos detenidos.

Los padres y vecinos de los menores se opusieron y los comunitarios optaron por irse del lugar, pero después mandaron citatorios en los que amenazaban en “mandarlos traer con la policía” si no se presentan.

A la lista de abusos se suma el cobro de una “cuota obligatoria” de 250 pesos a toda la población, para comprar camionetas, equipo operativo y cámaras de vigilancia.

Los comunitarios disidentes presuntamente amenazaron con detener a aquellas personas que se nieguen a cubrir esta “colaboración”.

Una de las personas que se presentaron este miércoles a la Coddehum, explicó que los comunitarios que operan en la base de Ocotito son “un grupo armado”, ya que fueron desconocidos por el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Explicó que la Policía Ciudadana de la UPOEG ingresó en enero de este año, bajo el aval del dirigente Bruno Plácido Valerio.

Sin embargo, meses después desconocieron al dirigente, crearon un “consejo ciudadano” sin la participación del pueblo y actualmente operan de manera impune, sin el reconocimiento de la UPOEG.

Aún así, en su documentación se asumen como parte del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, utilizan el uniforme verde olivo y abusan de sus funciones.

“Por cualquier cosa te mandan traer con citatorios, te citan en la noche, te torturan psicológicamente, te interrogan, te presentan ante su dizque consejo ciudadano, que son unas 20 personas que te hacen preguntas al mismo tiempo”, relató.

Aclaró: “Ellos no pertenecen a la UPOEG, ellos fueron desconocidos del sistema, la verdadera Policía Ciudadana tiene su base en Buena Vista”.

El grupo disidente de comunitarios es liderado por Cresenciano Ramírez López, Nelva Edilia Sánchez López, Silvestre Plancarte Mondragón, Carlos Romero Reyes, Gloria Torres Díaz, Judith Romero Reyes, Olga Meneses Torres y Salvador Alanis Trujillo.

Desde que lograron el rompimiento interno de la UPOEG en Ocotito, han cometido diferentes abusos contra la población, que actualmente están asentados en diferentes denuncias ante el Ministerio Público.

Una de las denuncias se levantó en mayo, cuando el grupo liderado por Cresenciano Ramírez y Nelva Edilia, impidió la realización de la tradicional feria anual, la fiesta más importante del pueblo.

Con un grupo minoritario, impidieron que los comerciantes y juegos mecánicos se instalarán en la comunidad.

Amenazaron con quemar los puestos si estos se instalaban en las calles y bloquearon la plaza de toros, para impedir los jaripeo.

Finalmente el pueblo salió a las calles para rescatar la feria tradicional, pero Nelva y Cresenciano impidieron la colocación de puestos y juegos mecánicos.

Los comerciantes denunciaron a Nelva ante el Ministerio Público, por el delito de extorsión, ya que únicamente les permitiría instalarse en el pueblo con el pago de una “cuota”.

Los denunciantes presentaron en la Coddehum fotografías de los comunitarios disidentes cobrando cuota “en especie” en varios negocios, llevándose productos y materia prima a manera de “colaboración”.