Firma Congreso de Guerrero convenio para diplomado en justicia electoral
CHILPANCINGO, Gro. 24 de diciembre de 2014.- El excontralor de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FEG), Francisco Torres Valdés, presentó una queja contra funcionarios de la fiscalía por irregularidades en el pago de los contratos de prestación de servicios profesionales del Instituto de Formación Profesional para la capacitación de agentes ministeriales, ministerios públicos y peritos, ello cuando el fiscal Iñaky Blanco se encontraba al frente de la dependencia.
De acuerdo con un documento que entregó Torres Valdés y que recoge El Sur de Acapulco, a la Contraloría Interna de la FEG que tuvo acceso El Sur, la denuncia es contra Miguel Ángel Urrutia Lozano, Craig López Olguín, Laura Baños Peláez y Ademir Cigarroa García, Cristopher López Olguín y Paola Díaz Galván y el propio exfiscal guerrerense Iñaky Blanco Cabrera,
Torres Valdés fungió como contralor interno de la fiscalía en mayo del año pasado, cuando la titular de la fiscalía era Martha Elva Garzón Bernal, pero al ser destituida del cargo, tomó su lugar Iñaky Blanco Cabrera, que ratificó en el cargo a Torres Valdés.
El contralor denuncia un caos de tráfico de influencias, donde lo más importante es que malversaron recursos del erario público en tres cursos de 120 horas, cuyo monto hubiera sido 120 mil pesos cada uno… no obstante, la cifra alcanza los 2 millones 205 mil, es decir que se pago seis mil 125 pesos por la hora de clases”.
Según el documento que presenta Torres Valdés, el 26 de febrero de este año el director general de Asuntos Judiciales de la FGE, Craig López Olguín, le llevó 15 contratos de prestación de servicios profesionales para firmar el documento que certificaba que el Colegio de Capacitación del Sistema de Justicia para ofrecer unos cursos por orden de Iñaky Blanco Cabrera y Miguel Ángel Urrutia, sin embargo “no podía López Olguín firmar los contratos porque era hermano del dueño de la firma prestadora de los servicios profesionales, Cristopher López Olguín, (que además es) novio de la directora del Instituto de Formación Profesional, Laura Alicia Baños Peláez”, dijo.
Agregó que, para firmar otros contratos tenía que revisarlos antes de que iniciaran los cursos para verificar que cumplieran con la normatividad, pero en estos casos “a simple vista se notaba que algunos contratos estaban excedidos en costos”.
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