La relación entre el gobierno y la sociedad mexicana se ha fracturado en los últimos tiempos. Los problemas políticos y sociales que padecemos han generado un comportamiento y una evolución inusitados, que comienzan a tener una característica común: la violencia. La barbarie de los hechos acaecidos en Iguala; los escándalos sobre propiedades de la familia presidencial; el paro prolongado —e injustificado— en el Politécnico, entre otras muchas cosas más, comienzan a ser rebasados por la violencia desestabilizadora de los movimientos de protesta.

Cuando un país vive una crisis institucional como la que está sufriendo México, la única forma de enderezar el rumbo, es reconocer los propios errores, es asumir la parte de responsabilidad en los hechos. Cuando no hay autocrítica y sólo se traslada tanto la culpa como la solución a los demás, es imposible dar una respuesta acertada, porque el diagnóstico del cual parte es erróneo. Cuando no hay congruencia es difícil generar credibilidad y movilizar a la sociedad hacia un proyecto compartido.

Después de dos años de gobierno, el Presidente por fin entendió que el desarrollo no puede sustentarse sólo en política económica —la cual, por cierto, tampoco va bien—, sino que es inviable sin Estado de derecho, y que los problemas de inseguridad y corrupción no se resuelven sólo por dejar de hablar de ellos. Sin embargo, la situación es tan grave que requiere una intervención inmediata y eficaz, lo cual no harán las propuestas que el Presidente ha hecho, al menos no las que requieren la intervención del Congreso.

Hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que existen dos Méxicos: uno inserto en la economía global y otro con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones. Y la necesidad de que el primero incorpore en su dinámica al segundo, y no a la inversa. Esta visión es la que realmente marca un antes y un después en el discurso gubernamental, si es que ese fue el propósito de la posición fijada a más de dos meses y medio de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además Peña Nieto abonó a la resolución del problema económico que vive la entidad suriana, al poner en marcha un nuevo plan de estrategia para Guerrero el cual consiste en cinco puntos basados en la creación de un fondo especial, la operación de un programa de empleo temporal, la pavimentación de calles en el estado, así como un programa especial de turismo para impulsar la temporada vacacional decembrina.

Primero, apoyos a los contribuyentes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo; segundo, la creación de un fondo especial que apoyará de manera inmediata a pequeñas empresas en riesgo de quiebra en estos municipios; tercero, la puesta en operación de un amplio programa de empleo temporal que beneficiará directamente a 130 mil familias guerrerenses; cuarto, un programa especial de turismo, para impulsar a este sector durante la temporada decembrina en Guerrero, y quinto, garantizar el libre tránsito en la carretera del Sol y se reducirá su tarifa en un 50% adicional”.

En este último punto, es saludable el reconocimiento de que ya no es posible seguir conteniendo la pobreza con medidas asistencialistas, y buena parte de la solidaridad que se deberá tener con el sur del país es que esta región también forme parte del México “con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar”.

Un primer paso es el decreto para dar un trato fiscal diferenciado a los productores del campo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las inversiones en infraestructura y el establecimiento de tres zonas económicas especiales que atraigan a empresas que generen empleos de calidad e infraestructura moderna.

Además de estas medidas de carácter económico, se requiere urgentemente restablecer el Estado de Derecho, el cual comenzará a notarse para la sociedad, cuando veamos que los amigos del Presidente no son los recurrentes ganadores de las licitaciones; cuando constatemos que los programas sociales no son utilizados para fines electorales; cuando veamos a todos los servidores públicos del gabinete hacer pública su declaración patrimonial completa; cuando nos demuestren que no hay conflicto de interés en lo relativo a la Casa Blanca que la empresa favorita de los gobiernos del Presidente construyó para su esposa y su familia, en vez de dar carpetazo para eludir la explicación que todo México espera. Cuando veamos acciones, y no sólo discursos, comenzaremos a creer que las propuestas del Presidente son de fondo y van en serio.