MÉXICO, DF, 16 de noviembre de 2014.-En una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes de la Iniciativa Privada (IP) se comprometieron a no abandonar las entidades del país en donde se ha recrudecido la violencia, como Guerrero, pero demandó garantías mínimas de seguridad para continuar operando.

Según lo publicado por SoloChilpo, la IP le expuso al secretario de Gobernación que desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han retenido a 246 choferes y 42 autobuses de pasajeros en Guerrero.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a los organismos empresariales más importantes del país, indicó que solicitan la aplicación irrestricta de la ley debido a que un total de 3.5 millones de personas han sido afectadas en sus labores cotidianas por las manifestaciones violentas, la toma de carreteras, los secuestros y otros actos ilícitos acontecidos en territorio guerrerense.

El dirigente empresarial dijo que exigirán aplicar todo el peso de la ley a los civiles, efectivos de seguridad y autoridades que tengan alguna responsabilidad en los delitos cometidos contra los normalistas, pero también contra quienes llevan a cabo actos de violencia, vandalismo y alteración del orden público.

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