¿Para que sirven las elecciones en México? Para renovar los puestos de elección popular de la partidocracia, o será acaso esa rendija por la cual podemos cobrarles a los grupos en el poder, su ineptitud o corrupción o falta de transparencia. Y es que en un mes, 10 de junio, habran resultados oficiales de las elecciones federales. Hacer un pronóstico acertado de esos resultados es, prácticamente, imposible, aunque las encuestas ya señalan algunos escenarios. Pero se puede especular, se puede suponer. Nada hace prever que en un mes las intenciones de los votantes vayan a cambiar drásticamente. Tampoco es previsible que los ciudadanos se vuelquen a las urnas para convertir el proceso electoral en un multitudinario acto de protesta.

Las del domingo 7 de junio serán unas elecciones en medio de una crisis política, económica y social, quizá la más grave desde 1997, año en que inició la época de comicios democráticos en mayor o menor grado. Se inscriben en el contexto de una crisis de credibilidad, de la desesperación de los desempleados, entre ellos, miles de jóvenes que accedieron a la educación superior con la esperanza de una mejor calidad de vida, del miedo a la delincuencia organizada y desorganizada, de la corrupción cabalgante, de la amenaza de la inflación por todos tan temida, de la ineficiencia e ineficacia de gobiernos municipales, estatales y federal, surgidos de todos los partidos, y de su aparente capitulación ante los problemas.

El o los partidos políticos que triunfen, tienen la impostergable obligación de pensar y aterrizar no solamente la estabilidad económica, sino asegurarse de que los ingresos se inviertan realmente en las personas para generar más igualdad, al hablar de la realidad de México, debo señalar que nuestro país debe evitar la austeridad porque con la restricción al gasto no habrá los resultados esperados tras la aprobación de las reformas estructurales.

Y es que gran parte de los problemas sociales provienen de las dificultades económicas para conseguir lo indispensable para sobrevivir en el mundo, en el cual obtener los principales satisfactores es cada vez más caro. En México, es conocido que se paga un alto precio por la desigualdad que proviene de la falta de oportunidades educativas. Basta ver la realidad en la que viven millones de familias en el país, así como la falta de oportunidades que existen en la formación académica de jóvenes para darse cuenta de que la enorme brecha que existe en el tema educativo ha llevado a bajos niveles de rendimiento a alumnos que llegan a niveles medio y superior. Y un pueblo con deficientes niveles de educación está condenado a permanecer en la medianía con respecto del aprovechamiento de la productividad y el conocimiento que generan ciencia e investigación.

Nadie, que aspire a una mejor sociedad, puede pasar por alto que la pobreza en la que viven millones de compatriotas es generada por la falta de oportunidades que en cuestiones educativas y laborales prevalece en el país, independientemente de que una de las prácticas políticas de las últimas décadas ha sido el “aprovecharse” de la pobreza de esa gente que no tiene mayores oportunidades que las dádivas que les da el gobierno o lo que logran obtener en tiempos de campañas electorales como en los que nos encontramos en estas semanas previas a la elección del 7 de junio.

Y ya son décadas de vivir en esa desigualdad en la distribución de los ingresos. Con cada crisis económica se ha incrementado el número de pobres que no tienen acceso ni siquiera a los servicios más elementales. La presión que ello ejerce, hoy, a nivel social es cada vez más palpable en los conflictos de seguridad que se registran en varias entidades.

Desde el trágico fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado hasta los conflictos en comunidades agrícolas que generan enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas del orden. De ahí la desconfianza de los ciudadanos en las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina: ocho de cada diez ciudadanos no confían en el proceso electoral. El bombardeo mediático con motivo de la contienda política ha surtido sus efectos; no hay ciudadano que lamente la guerra sucia en lugar de propuestas serias y viables por parte de quienes aspiran a obtener el voto de los potenciales electores.

A ver cuántos van a las urnas el primer domingo de junio. Y no se trata de ir en contra de todo, como sugieren algunos analistas. Es tratar de entender, en su justa dimensión, la crisis de confianza y credibilidad por la que atraviesan quienes han hecho de la política su modus vivendi, aun por encima de los intereses de una sociedad que lucha y trabaja a diario por sobrevivir.

De acuerdo con las encuestas, las elecciones del 7 de junio no modificarán de manera decisoria la, como se decía en las épocas estudiantiles del escribidor, correlación de fuerzas. Es más, la especulación permite suponer que serán resultados decepcionantes para muchos: el PRI seguirá siendo la primera minoría con una votación de entre 30 y 35%; el PAN seguirá en segundo lugar con 20-25%; el PRD conservará el tercer puesto con entre 10-15%; Morena podrá dar la sorpresa en quinto lugar; el PVEM conservará su registro y los demás estarán en riesgo.

La decisión es de los votantes. El abstencionismo ayudaría a los partidos dominantes, que conseguirían una sobrerrepresentación en el Congreso, y también… a los pequeños, que necesitarían menos votos para conservar su registro. Anular el voto nada significará. Bien, supongamos que las próximas elecciones no resolverán los graves problemas, gane quien gane. Tiene razón. Pero esto es parte del trayecto hacia la democracia en un país nunca antes democrático.

Sea cual fuere el resultado de los comicios de junio, el gobierno federal deberá modificar las políticas públicas en materia económica y social, si es necesario el Presidente Peña Nieto deberá cambiar sus piezas en el gabinete, por servidores públicos con una visión de futuro, no del suyo, sino de la nación, pensar como estadistas y no como simples burócratas visualizando la siguiente elección del 2018.