MÉXICO, DF, 13 de febrero de 2015.- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió un informe final sobre México, en el que señala el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa como una muestra de que en nuestro país se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada.

Según lo publicado por Animal Político, el Comité insistió en que lo ocurrido el 26 de septiembre pasado en Iguala-cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

México se sometió el pasado 2 y 3 de febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones finales, que son las siguientes:

El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.

El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH”.

El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.

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