ACAPULCO, Gro., 1 de junio de 2016.- A partir de las cero horas de este día inició la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Distrito Judicial de Tabares, que comprende los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos. Con lo anterior, el nuevo Sistema de Justicia Penal entra en vigor en todo el territorio del Estado de Guerrero.

A partir del 27 de octubre de 2015, la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Guerrero ha sido uno de los objetivos estratégicos del Gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Para cumplir con lo ordenado por nuestra Constitución Federal y que el nuevo Sistema de Justicia Penal estuviera en funcionamiento antes del 18 de junio de 2016, se elaboró un plan de acciones estratégicas que asegurara la implementación del Sistema, por lo que se capacitó al personal de las instituciones operadoras; se adscribieron jueces y se cuenta con ministerios públicos, asesores jurídicos de víctimas y defensores públicos.

Así también se cuenta con las salas de oralidad necesarias para el desahogo de las audiencias procedimentales y ya se está construyendo infraestructura complementaria para el adecuado funcionamiento del sistema en el futuro.

En materia de capacitación se ejecutaron diversos cursos y talleres, para que los servidores públicos de las instituciones operadoras del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ejerzan sus funciones en forma adecuada y se garantice a los guerrerenses el acceso a la justicia, así como el respeto a sus derechos humanos, observándose el debido proceso en el enjuiciamiento a imputados, garantizando la reparación del daño y un trato digno a las víctimas.

Se ha capacitado a policías preventivos estales y municipales; a personal de la Unidad de Medidas Cautelares; a la Policía Investigadora Ministerial; a Peritos; a Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; a Ministerios Públicos Orientadores e Investigadores; a Defensores Públicos y a Asesores Jurídicos de Víctimas; a Jueces y Magistrados, así como a demás personal del Poder Judicial.

Este proceso de capacitación no sólo ha sido teórico sino también práctico, a través de talleres de actuación interinstitucionales, en los que se simulan situaciones que van desde el aseguramiento del lugar de los hechos hasta audiencias de enjuiciamiento, pasando por las etapas de investigación y de control jurisdiccional.

Por otra parte, las instituciones operadoras del nuevo Sistema de Justicia Penal han ejecutado proyectos de equipamiento tecnológico y de mobiliario, con el objeto de estar a la vanguardia en el proceso de documentación de las causas penales y facilitar su funcionamiento.

En materia de infraestructura física, antes del 18 de junio, estarán en funcionamiento los Centros Integrales de Justicia en Acapulco, Chilpancingo y Ometepec; siendo pertinente señalar, que las obras de Acapulco y Chilpancingo se iniciaron en el mes de marzo de este año, una vez que se gestionó la coparticipación del Gobierno de la República en el financiamiento de estas obras.

En este año, se construirá infraestructura complementaria para el adecuado funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal, como lo serán los Centros Integrales de Justicia en Zihuatanejo, Taxco y Telolopan; el Centro de Atención Temprana en Arcelia; una Bodega de Evidencia en Iguala y la construcción de las Salas de Ejecución de Sentencias en Acapulco, Tlapa, Arcelia y Zihuatanejo, así como también, la construcción de la Sala de Audiencias de Oralidad en Coyuca de Catalán.

En este proceso de aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal se ha contado con el invaluable apoyo del Gobierno de la República, a través de la SETEC. La Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel ha sido una gran aliada para Guerrero, en forma decidida nos otorgó su apoyo y gestionó ante el Programa Iniciativa Mérida la implementación acciones de cooperación internacional en materia de capacitación y equipamiento tecnológico.

Las servidoras y servidores públicos que colaboran en las instituciones operadoras, como son: la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Poder Judicial, están comprometidos para hacer realidad el propósito del nuevo Sistema de Justicia Penal, asegurando que la población del Estado de Guerrero tenga acceso a la justicia y se respeten sus derechos humanos, observando el debido proceso en el enjuiciamiento de los imputados, garantizando la reparación del daño y un trato digno a las víctimas.