Inseguridad y Ayotzinapa: el impacto negativo en 2018

Si la PGR no acelera las investigaciones y trae a la justicia a todos los que participaron en la barbarie de Iguala, los vientos del desprestigio arreciarán en contra del presidente Peña Nieto, de su alfil más visible a sucederlo y del partido en el gobierno, que los dejaría en posición endeble en el proceso electoral federal de 2018.

El presidente, en los últimos meses, ha acusado una fuerte depreciación de popularidad, que podría incrementarse ante los claroscuros de la investigación oficial que abarca desde contradicciones, falta de rigurosidad científica, ocultamiento de información y casos de tortura de, cuando al menos, un tercio de los detenidos, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció en su informe final el domingo pasado.

Es relevante el apoyo y la credibilidad que el GIEI tiene en amplios sectores de la sociedad mexicana, principalmente en simpatizantes de izquierda, aunque también el gobierno de los Estados Unidos ha respaldado su trabajo, según lo expresó ayer el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. La opinión de las autoridades estadounidenses agrega presión al gobierno mexicano para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, caso contrario, se convertiría en una piedra en el zapato para la administración priista por el resto del sexenio.

Otro dado que juega en contra, son los altos índices de criminalidad, que el domingo por la noche explotó en la principal avenida de Acapulco, cuando sendos comandos de delincuentes atacaron las bases de la policía federal, cuya noticia en pocos minutos, saturó las redes sociales y le dio la vuelta al mundo, precisamente por los reflectores de los que goza este destino de playa, que hizo remontarnos al Chicago de finales de los años veinte que describe magistralmente John Landesco: “ (…) la rivalidad se resuelve en tiroteos públicos, espectáculo cotidiano que revela la impunidad de las bandas…mientras los robos, atracos y secuestros se multiplican, por una creciente corrupción policial” (Ruggiero, La violencia política, Anthropos,Barcelona.p.97).

Ambos factores: Ayotzinapa e inseguridad por una parte, y los conflictos de interés del presidente Peña por la otra, constituyen los principales obstáculos que debe sortear el PRI si pretende continuar en Palacio Nacional. De suyo, todo partido que está en el ejercicio del poder (incumbent) presenta cierta vulnerabilidad ante la amenaza de la alternancia. Sobre todo, si la oposición maneja en su discurso el cambio de políticas en torno a aspectos temáticos de economía o combate a la corrupción, aunque posteriormente incurra en los mismos desaciertos.

Aún faltan algunos kilómetros para que llegue la fecha de la contienda, y en el inter muchas cosas pueden suceder. Y allá afuera, desde hace tiempo, anda en campaña un político muy decidido a ocupar la silla presidencial, alimentando sus discursos con el combustible generado por los yerros políticos de la administración peñista.

De ahí que, un escenario previsible sería que, si el presidente no logra lavar la imagen de su gobierno en lo que resta de este año, los escombros de los escándalos y reclamos de justicia terminarían por aplastarlo y, con ello, alejar las posibilidades del ministro de gobernación de recibir la estafeta dentro de un par de años.