Instan al TSJ a evaluar objetivamente pruebas en defensa de Suástegui

CHILPANCINGO, Gro., 12 de julio de 2015.- Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas solicitaron a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), Lambertina Galeana Marín, actuar con independencia en el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra preso desde hace más de un año.

El próximo 14 de julio de 2015, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, sostendrá la audiencia de vista respecto de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa el delito de robo a Suástegui Muñoz.

Ante esta audiencia, las más de 100 organizaciones que firmaron la carta abierta indicaron que han seguido de cerca la detención, traslado ilegal y los diversos procesos judiciales integrados en contra del defensor comunitario.

“Eso nos ha permitido reconocer que éstos procesos son una clara acción para obstruir su labor como defensor comunitario”, recriminaron.

Advirtieron que desde el primer momento de su detención, el 17 de junio de 2014, existió una serie de violaciones al debido proceso penal.

Indicaron que estas violaciones fueron evidenciadas en el juicio de amparo 103/2014 que resolvió el Juzgado Octavo de Distrito en Acapulco, promovido contra el auto de formal prisión en la causa en referencia, por medio del cual se repuso su declaración preparatoria en la que por primera vez se le permitió a Suástegui Muñoz contar con una defensa de su preferencia.
Recordaron que, de igual forma, el 26 de enero del 2015 la justicia federal consideró que el traslado del defensor comunitario a un Penal Federal de Nayarit al día siguiente de su detención fue ilegal e inconstitucional.

Por consiguiente, en su resolución al juicio de amparo, estableció que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión de trasladarlo al penal de máxima seguridad, lo que implicó una violación a sus garantías de legalidad.

Por esta razón se ordenó al Director General de Prevención y reinserción Social del Estado de Guerrero que de inmediato reingresaran al inculpado al Penal de la Unión, Guerrero, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados, lo que no fue cumplido sino hasta el 31 de marzo de 2015.

En este contexto, las organizaciones sociales urgieron a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero a que valore con independencia las pruebas que la defensa de Marco Antonio Suástegui presentará en la próxima audiencia.

Indicaron que dichas evidencias dan testimonio de su inocencia, al destacar que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas a presentarse demuestran la fabricación de los cargos y ponen en relieve las claras violaciones al debido proceso que ha enfrentado.

Las organizaciones confiaron que la sentencia se decidirá apegada a derecho y restituirá la libertad a Marco Antonio, absolviéndolo del delito imputado.