CHILPANCINGO, Gro., 22 de enero de 2014.- Tras siete años en prisión, la indígena Adriana Manzanares Calletano recuperó su libertad; en el 2006, recibió una sentencia de 22 años por el delito de homicidio en grado de parentesco.

La indígena fue acusada de cometer dicho ilícito tras padecer un parto prematuro en su hogar, ocasionado por la muerte del feto.

Según relató, se encontraba en su domicilio cuando su cuerpo expulsó al feto muerto; ella y el hombre con el que vivía tuvieron miedo de la reacción de la familia, así que lo enterraron.

El padre de Adriana Manzanares se dio cuenta del hecho y la llevo con el delegado de la comunidad, quien posteriormente la presentó ante el pueblo.

Los habitantes de la comunidad indígena la apedrearon por embarazarse de otra pareja durante la ausencia de su esposo migrante y se le presento ante el Ministerio Público, quien la consignó junto a su pareja por homicidio en razón de parentesco.

El hombre consiguió su libertad, pero la mujer indígena fue sentenciada a 27 años de prisión, pena que se redujo a 22 tras un recurso de apelación.

Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo y ordeñó la libertad inmediata de Adriana Manzanares Calletano.

A las 16:30 horas del miércoles 22 de enero, la indígena abandonó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo.

Manzanares fue recibida por la activista de derechos humanos a favor de la mujer, Silvia Castillo Díaz y la subsecretaria de la Mujer del gobierno estatal, Ubaldi Guerrero, quienes aguardaron a que las autoridades judiciales del estado acataran el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo que me mantuvo en la prisión fue la ignorancia”, dijo la mujer de 28 años, quien al ingresar al penal solamente hablaba la lengua materna y aprendió el español durante los siete años de encierro.

Contra lo dicho en ocasiones anteriores, dijo que regresará a El Camalote para recuperar a sus dos hijos que viven ahí y después se los llevará consigo para retomar su vida.

No mencionó si hablará con su padre, quien la puso en manos del comisariado y evitó hablar sobre la forma en que se le llevó a juicio en una asamblea comunitaria.

Algunas activistas que acompañaron su caso le han dado algunas opciones para emplearse y reconstruir un proyecto de vida.

En la retirada del Cereso mostró su boleta de libertad y pidió a las autoridades judiciales que revisen los expedientes de mujeres que llegan en las mismas circunstancias que ella.

“Yo les quiero pedir que revisen bien si son inocentes, que no las sentencien a muchos años porque adentro se siente horrible”, imploró.

Silvia Castillo mencionó que la defensa detectó al menos nueve violaciones en el proceso contra Adriana, lo que permitió que la tarde del 22 de enero, la SCJN dictaminara su libertad absoluta.

Indicó que la administración estatal retomó el caso de Adriana el 8 de marzo de 2013, cuando la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) visitó el Cereso de Chilpancingo y detectó cuatro casos de mujeres presas en condiciones irregulares.

Los tres casos también son objeto de revisión, pero Ubaldi Guerrero no se animó a anticipar una posible liberación.

Lamentó que por usos y costumbres de los pueblos originarios Adriana fuera enviada a prisión, ya que hay algunas prácticas que dejan en condiciones de mucha vulnerabilidad a las mujeres.

La activista de derechos humanos, Silvia Castillo Díaz responsabilizó al Poder Judicial local de juzgar con discriminación, lo que motivó la intervención de la Corte.