La sociedad mexicana confía menos en sus autoridades, ya sean del orden federal, estatal o municipal. La mayoría de las definiciones aluden a la confianza como la creencia o presunción (otros dicen la esperanza o seguridad) de que una persona o grupo será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. En contrario sensu, la pérdida de confianza se da cuando se incumple con la conducta esperada de forma continuada en el tiempo; cuando no hay regularidad o predictibilidad en el comportamiento del otro o la hay, pero en sentido contrario a lo que se esperaba.

La gente se siente traicionada en su confianza porque percibe que el político gobierna no para el interés de la mayoría sino para el propio, porque advierte que el dinero público se utiliza no para mejorar su bienestar sino el de los políticos, porque siente que se legisla no para el hombre común sino para el poderoso, porque piensa que la justicia no es un derecho ciudadano sino un privilegio para el que puede pagarla, porque descubre que la autoridad se comporta no de acuerdo a las leyes y a la ética pública sino de acuerdo a la costumbre de la corrupción. La confianza que ayuda a generar una relación virtuosa entre gobernantes y gobernados simplemente se ha roto, el gobierno está consciente de que, la confianza no se recupera con discursos, no se recupera con palabras, se recupera con hechos, con disciplina y rendición de cuentas. La coyuntura es inmejorable para demostrarlo.

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó hace un par días en Inglaterra, al diario británico Financial Times, que en México hay una sensación de incredulidad y desconfianza. Y precisamente ésta, dijo, es la oportunidad para cambiar el rumbo de país. Habló del Sistema Nacional Anticorrupción, que está en la etapa final de aprobación en el Congreso, para hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas. Peña Nieto se comprometió a luchar contra la corrupción en el país de manera mucho más eficaz y a terminar con el estigma de que los políticos de México roban. Sin embargo, Peña Nieto anuncio su propuesta de que sea la senadora con licencia ArelyGómez la nueva titular de la PGR. (de facto ya lo es), pero esto genero otro punto de desconfianza entre los mexicanos, ya que la flamante Titular de la PGR es hermana del vicepresidente de Televisa, y si es que Arely Gómez se convertirá en la primera Fiscal del país, con 9 años de duración en el puesto, imagínense quién podrá tocar los poderosos intereses de la empresa televisora, y quien seguramente se comenta, que le cuidaría las espaldas a EPN cuando termine su administración. El Presidente también se refirió a su propuesta de que EduardoMedinaMora sea ministro de la Suprema Corte de Justicia, esta es otra propuesta que nos llena de dudas y quizás de indignación. Medina Mora sin mayor experiencia jurídica y en tribunales y pretende estar en la Suprema Corte. La mula no era arisca sino que la volvieron.

Otro caso que nos llena de incertidumbre a los mexicanos, son los cambios a la Ley Federal de Transparencia del IFAI, tal parece que ese derecho a la información que se instituyo en el sexenio foxista quiere ser rasurado por el gobierno de Peña para evitar más escándalos como los de las casas. La historia reciente de México provee varios ejemplos que demuestran que la confianza se puede construir a partir de instituciones diferentes a las del pasado. Durante los años ochenta, los inversionistas perdieron la credibilidad en el manejo de la política económica mexicana. Para recuperar la confianza, los gobiernos realizaron dos reformas institucionales fundamentales: la autonomía del banco central y la ley de responsabilidad de las finanzas públicas. De esta forma se recuperó la confianza de las políticas monetaria y fiscal.

Durante los años ochenta, nadie creía que en México había elecciones limpias, libres y democráticas. Para darle confianza a los electores, se creó un Instituto Federal Electoral autónomo, con muchos recursos legales y financieros y presidido por personalidades de prestigio social. Esto le permitió a la oposición llegar al poder en menos de dos décadas. Para ahora recuperar la confianza en el gobierno, éste debe construir instituciones que, por un lado, le den una mayor transparencia a la gestión del sector público y, por el otro, combatan el flagelo histórico de la corrupción gubernamental. Hoy en día, los acciones que pueden empezar a detonar una mayor confianza de los mexicanos sería, aprobar una Ley General de Transparencia que respete el principio de máxima información pública y un Sistema Nacional Anti-Corrupción con fiscales que cuenten con dientes bien afilados para poder meter a la cárcel a los funcionarios corruptos. Para mí esas son las dos condiciones para recuperar la visión que tenemos en este gobierno.

Otra ventana de oportunidad es la que brindan las alarmantes observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho sobre el abuso y mal uso de los recursos públicos en 2013. De ese informe se desprenden cientos de recomendaciones, pero también habrá denuncias penales y administrativas. A juzgar por la experiencia, la mayoría de ellas quedan en la práctica sin efecto. Para darnos una idea. De 1998 a 2012, la Auditoría presentó 458 denuncias penales. La gran mayoría (417) en los cinco años de gestión del auditor Juan Manuel Portal. De ellas, 435 están “en integración” del Ministerio Público y sólo siete han resultado en consignaciones. No se sabe por qué 95% de las denuncias están aún en manos del Ministerio Público, pero sÍ de generar confianza se trata, el Presidente podría preguntárselo a la PGR y sobre todo instruirla para que este “rezago” y el que se acumulará de la cuenta pública de 2013 se conviertan en prioridad.

Aún no se materializa la autonomía que le otorgó la reforma constitucional de 2013, pero ella no es necesaria para mostrar compromiso con la justicia. La red de corrupción en Guerrero que con ayuda de los medios ha sido destapada merece la actualización de ese olvidado principio constitucional de que la justicia debe ser, además de imparcial, pronta y expedita. Y, para que no se recurra a eso de la politización de la justicia, pues que se aproveche el caso y se investigue a tantos otros gobernadores sobre los que penden fundadas sospechas.

De nada sirve, que EPN vaya al extranjero a reconocer que los mexicanos no confiamos en su gobierno. Debería mejor con acciones concretas y frente al país empezar a reconstruir el gobierno que necesitamos los mexicanos, parodeando al cineasta González Iñarritu y coadyuvando para que los estados sureños (léase Chiapas, Guerrero y Oaxaca) nos incorporemos al desarrollo nacional de una vez por todas, ya que en esas entidades se recrean la más injusta de las pobrezas, la impunidad y corrupción del país.

ES CUANTO