México ante su mayor amenaza
Transparentar elección del fiscal para recuperar la confianza
El alto nivel de desconfianza hacia las agencias del Ministerio Público y la Policía Ministerial obliga a hacer del proceso de elección de quien será el nuevo Fiscal General del Estado de Guerrero un ejemplo de transparencia.
Según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el nivel de confianza de los ciudadanos de Guerrero hacia la Fiscalía y sus ministerios públicos es apenas del 32.6 por ciento, y el de la Policía Ministerial es de 27.6 por ciento.
De ahí que sólo el 5.8 por ciento de los delitos son denunciados por los afectados. Hablamos entonces de un nivel de impunidad de por lo menos el 94.2 por ciento. Casi total.
Tan solo en el mes de octubre hay registro de 167 homicidios en Guerrero, que ocupa el primer lugar nacional en este delito, el cuarto en secuestro y el décimo tercero en extorsión y robo de auto, según la organización civil Semáforo Delictivo que lleva un ranking a nivel nacional y de todas las entidades federativas.
Ante este panorama no basta con el ejercicio de democracia representativa en el que el Congreso recibe las solicitudes de los aspirantes, depura la lista que en esta ocasión es de 21 pretensos, la envía al Ejecutivo que le devuelve una terna con unos cuantos nombres y los diputados haciendo uso de la representación ciudadana que constitucionalmente ostentan votan por alguno de ellos.
A mi juicio, antes de depurar los 21 nombres el Congreso del Estado debiera dar a conocer los curriculums de todos los aspirantes y decirnos quienes presentaron un plan de trabajo con objetivos específicos y compromisos de trabajo que puedan ser fiscalizados y juzgados por la sociedad.
Hasta el momento solamente uno de los 21 aspirantes, el abogado Uriel Fernández Peláez, acompañó su solicitud de registro con un plan de trabajo.
Además, al enviar la lista depurada al gobernador Héctor Astudillo, el Congreso tendría que dar a conocer a quiénes dejó fuera y por qué, así como los criterios que le valieron a los demás continuar en la competencia por el cargo y de igual manera la terna debería regresar al Legislativo con una explicación respecto a la selección.
El proceso es tedioso, sí, pero necesario. A los guerrerenses no debe quedarnos duda de que se eligió a la mejor persona para ese delicado encargo. La recuperación de la confianza hacia la institución responsable de la procuración de justicia debe iniciar por la transparencia de este proceso.
RADIOGRAFÍA DEL DELITO
Por otra parte, según las cifras que Semáforo Delictivo dio a conocer el fin de semana, de los 167 homicidios registrados el pasado mes de octubre 65 fueron en Acapulco, 20 en Chilpancingo, 11 en Atoyac, nueve en Chilapa, siete en Coyuca de Benítez, seis en Ometepec y cuatro en Teloloapan.
Secuestros hubo dos en Acapulco, dos en Teloloapan, uno en Ometepec y otro en Chilpancingo; También 12 incidentes de extorsión de los cuáles cuatro son de Acapulco, dos de Chilpancingo, dos de Atoyac y el resto de Ayutla, Tecpan, Taxco y San Miguel Totolapan.
En lesiones dolosas Acapulco concentró 83 de los 214 incidentes ocurridos en ese mes, seguido por Chilpancingo con 32 casos, Zihuatanejo con 13, Taxco con 12, Tlapa con nueve, Ometepec con ocho y Coyuca de Benítez con siete.
En Acapulco se robaron 198 autos, en Chilpancingo 48, en Iguala 36, en Tlapa 14, en Zihuatanejo ocho, en Ometepec cinco y en Tixtla tres. Hablamos de 374 automóviles robados en total. La mayor parte de los robos a casa habitación también fueron en Acapulco con 29 casos, 14 en Chilpancingo, cinco en Zihuatanejo. En total hubo registro de 64 casos en todo el estado.
Los robos a negocio, fueron 108, 68 de los cuales, más de la mitad, ocurrieron en el municipio de Acapulco.
A propósito de transparencia, estos datos los debería dar a conocer la Fiscalía o las autoridades de estos municipios y no las organizaciones civiles, para darnos más confianza ¿No lo cree?