El gobernador de Sonora compra pleito gordo con el Gobierno Federal.

Guillermo Padrés avienta tierra con la lengua larga para tapar el escándalo de la presa construida dentro de un rancho de su propiedad. Revira la acusación con malas artes y peores mañas; reacciona con violencia política.

De entrada, el mandatario panista denuncia prejuicios y expulsa a los delegados federales de la Profepa, Semarnat y Conagua, tras acusarlos de omisión en las indagatorias del reciente derrame tóxico de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora, y su afluente, el Bacanuchi. Además, denuncia el régimen peñanietista por no haber cumplido aun con los apoyos ofrecidos a los 22 mil damnificados del desastre ecológico, provocado por la mina Buenavista del Cobre, en Cananea.

Pero la verdad es otra.

La declaración de personas non gratas contra los tres funcionarios federales es una estrategia retorcida para desviar la atención del escándalo destapado por el reportaje de la periodista Fátima Monterrosa en el programa Punto de Partida –dirigido por Denise Maerker–, en el cual queda al descubierto la existencia de una presa hecha y derecha, en terrenos del rancho Pozo Nuevo, propiedad de la familia Padrés.

La obra hidráulica, de 120 metros de longitud y 80 de altura, fue construida en 2011, ya en la administración del mandatario estatal –¿cuándo si no?–, para almacenar 4 millones de litros de agua. Es la mayor razón de la bonanza del “ranchito”, un oasis en medio del desierto, en donde centenares de familias de las comunidades aledañas prácticamente mueren de sed.

El gobernador Padrés no expulsa a los delegados federales por incompetentes o corruptos. Los desconoce por dos razones. La primera es la venganza. Dos de los tres funcionarios defenestrados, Jorge Suilo (Semarnat) y Cesar Lagarda (Conagua) confirmaron a la reportera de Televisa la ilegalidad de la obra. La presa de Pozo Nuevo se construyó sin avisos ni permisos. La obra ingenieril fue levantada por la ley de los purititos huevos del Gobernador, quien por cierto, tuvo la cara dura de decir que su “ranchito” subsiste con la poca agua que extrae de algunos pozos de la región y no por el hecho de retener el agua que mana del arroyo El Manzanal y el Río Bacanuchi, en perjuicio de terceros.

La segunda razón de Padrés es estratégica. El gober de Sonora se adelantó al golpe proveniente del Gobierno Federal; su plan, es politizar un asunto meramente jurídico. Sus dichos intentan desvirtuar cualquier acusación proveniente de la Ciudad de México.

La cosa no es sencilla. La maratónica conferencia de prensa ofrecida por los titulares de las tres dependencias agraviadas por el desafío sonorense, demuestra que no habrá miramientos. Las advertencia está hecha, si no hay permisos, la Ley de Aguas Nacionales establece que la presa podrá clausurada o ser demolida, y Guillermo Padrés habrá de responder por el abuso.

Mientras, los delegados federales no se van a ninguna parte, aclara el vocero presidencial, Eduardo Sánchez.

El mandatario sonorense está metido en serios problemas. Le jugó al vivo; se metió entre las patas de los caballos encarrerados con el derrame provocado por Grupo Minero México.

La mina Buenavista del Cobre, amenazada con el cierre, no es lo único en la mira del gobierno federal.

BORREGAZO: En la elección del nuevo gobernador de Sonora, el año que viene, todo lo que escurra es miel. No sería sorpresa que el panista Padrés, acabe preso de su presa… como escribió Joaquín López Dóriga.

@JoseCardenas1| [email protected]| josecardenas.com.mx