Monje Loco-Gulliver en el país de los enanos

Con la aprobación de la Ley Telecom en el Senado, todo salió como el Gobierno y su brazo legislativo querían.

La “preponderancia” (entendida como dominancia) se definió por “sector” y no por “servicio”.

La nueva norma tiene dedicatoria evidente a las empresas con una alta presencia en los mercados de la radiodifusión –que incluye radio y televisión–, por un lado, y las telecomunicaciones, por el otro.

Se impusieron límites a Televisa en materia de televisión abierta pero no así en los servicio de televisión restringida por “cable” o satelital, ya que a la empresa dominante en “televisión abierta” se le permitirá seguir adquiriendo sistemas de “televisión restringida”, sin restricción, además de otros beneficios económicos en la medida en que programe contenidos elaborados en México, y al consorcio América Móvil (Telmex-Telcel) se le obliga a compartir su infraestructura con otros competidores de menor tamaño, y no poder ofrecer otros servicios, como la televisión restringida, de aquí a 18 meses… entre otras cosas.

Con esta determinación legislativa sale más debilitada la empresa de Carlos Slim y más fortalecida la de Emilio Azcárraga, según expertos.

Casi 18 horas, 38 oradores para discutir 326 reservas y 11 propuestas de adición, millones de palabras, saliva, reclamos, mentadas y acusaciones… sólo sirvieron para cumplir un mero trámite.

Al final, la gran batalla por la reforma en telecomunicaciones terminó como inició. A las 5 de la mañana con 36 minutos del sábado, 80 senadores avalaron el dictamen tal y como había salido de comisiones. PRI y Verde, apoyados por Nueva Alianza, se impusieron a una minoría de 25 legisladores de izquierda, respaldados por 12 “renegados” del PAN.

El sufragio opositor sólo tuvo valor testimonial.

Pero la guerra, dicen, no ha terminado. La siguiente batalla será en la Cámara de Diputados, aunque de hecho las izquierdas ya preparan una estrategia jurídica para combatir la aprobación de la Ley Telecom por la vía de una controversia constitucional, y en ese caso, la última palabra corresponderá a la Suprema Corte.

La “preponderancia” por “sector”, mantiene a la ley bajo sospecha.

La mayoría defensora de la minuta senatorial insisten: aplicar la medida “por servicio” sería imposible, ya que permitiría a las empresas dominantes buscar salidas para mantener intacta su presencia en el mercado.

En respuesta, los críticos advierten disparidad al medir las telecomunicaciones y la radiodifusión con la misma vara.

Al felicitar a los senadores por su trabajo, el Presidente de la República, presumió la consolidación de la rectoría del Estado, el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como árbitro de la competencia en radio, televisión, telefonía e internet, la apertura a la competencia, más inversión en el sector… y grandes beneficios para los consumidores, que incluyen defensores de sus derechos y sustanciales ahorros económicos por el pago de servicios.

Pero la duda radica en la práctica.

Las nuevas reglas parecen insuficientes para atraer a nuevos jugadores. La dominancia de los “gigantes” mexicanos minimiza las probabilidades de éxito de quien pretenda buscar suerte en esos mercados.

La única forma de combatir a los Gulliveres en el país de los enanos es a través de la conformación de alianzas, en muchos casos con los propios monopolios de la televisión y las telecomunicaciones, pero –según expertos– existe el riesgo claro de pasar a un terreno limitado en donde sobrevivan no más de dos empresas por ramo.

La aprobación de la Ley Telecom es apenas el principio. Dar el paso a un verdadero desarrollo del mercado nacional de la radiodifusión y las telecomunicaciones resultará mucho más complejo que aprobar las reglas del juego, por mayoría.

@JoseCardenas1 | [email protected]| josecardenas.com.mx