CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Gro., 24 de noviembre de 2013.-  Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno, dijo:  “primero tenemos que  recibir la solicitud  por escrito, para después determinar si hay sustento y fundamento para darle el cauce correspondiente”.

Aseguró que la legislación actual es muy clara en torno a  cuales serían las causas para la instalación de un juicio político, procedencia y revocación de mandato, mismos que en algunos casos tienen como resultado final la separación del cargo y la pérdida del fuero constitucional.

El legislador subrayó que en la historia legislativa de Guerrero no existe ningún antecedente relacionado con la promoción de un juicio de revocación de mandato porque los alcaldes simpaticen o toleren grupos de autodefensa.

Tampoco ha ocurrido lo mismo en el caso de las policías comunitarias indígenas, que operan en la entidad desde hace más de 17 años y que en algunos casos mantienen una coordinación estrecha con sus gobiernos municipales, como ocurre en el caso de San Luis Acatlán.