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CHILPANCINGO, Gro., 16 de febrero de 2015.- Antes de su asesinato, el viernes 13 de febrero, Norma Angélica Bruno Román recibió dos amenazas de muerte del crimen organizado. Ese día la mataron frente a sus hijos. Primero recibió un balazo por la espalda y luego el tiro de gracia en la nuca.
Norma, madre de dos hijos de 3 y 9 años, formaba parte de la comisión ciudadana para la búsqueda de personas desaparecidas que integró la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La mujer, de 25 años, se unió a esta comisión para buscar a su prima Ivette Melisa Flores Román, quien el 2 de marzo de 2013 fue secuestrada por un grupo armado y desde entonces se desconoce su paradero.
Su actividad permanente en la búsqueda de personas desaparecidas molestó a los grupos delictivos que operan impunemente en Iguala, a pesar de la presencia de la Gendarmería y el Ejército.
Tras recibir dos amenazas de muerte, la delincuencia cumplió su sentencia y la asesinó.
Consultado vía telefónica, el promotor de la UPOEG y coordinador de la búsqueda de desaparecidos en Iguala, Miguel Ángel Jiménez Blanco, informó que hay, por lo menos, otras 11 personas amenazadas de muerte por colaborar en la búsqueda de fosas clandestinas, donde la delincuencia sepultó a cientos de desaparecidos.
“No tenemos a quien acudir, hay más gente en riesgo y tal parece que el asesinato de Norma es un plan del gobierno para asustarnos, para que ya no busquemos a los desaparecidos, para que no descubramos el cementerio clandestino que está debajo de Iguala”, lamentó en entrevista.
Jiménez Blanco relató que Norma Angélica recibió la primera amenaza de muerte cuando se unió al comité de búsqueda de personas desaparecidas.
Ella esperó algunos días, pero sintió miedo. Entonces comentó con sus compañeros, en la iglesia de San Gerónimo, la intención de denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero incluso en la iglesia hay halcones y la delincuencia organizada lo supo de inmediato. Fue entonces que recibió la segunda amenaza de muerte: “Si denuncias, te va a cargar la verga”, le habrían dicho en un mensaje. Semanas después, la sentencia se cumplió.
Como un mal presagio, a Norma la mataron afuera del cementerio privado Cristo Rey, a donde acudió con sus hijos para asistir al sepelio de José Ramón Bernabé Armenta, quien la noche del miércoles también fue asesinado por la espalda.
A pesar de su trabajo en la búsqueda de fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula, en las que hallaron los cuerpos de decenas de personas desaparecidas, los integrantes del comité desconocieron a Norma.
La coordinadora del comité, Xitlali Miranda, negó que Norma Angélica fuera parte de la organización.
Para Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la UPOEG y coordinador de la búsqueda, la explicación es simple: “A los padres de los desaparecidos les están ganando el miedo y las amenazas”.
“Norma sí formaba parte del grupo, ella iba a ayudar, colaboraba, estuvo con nosotros fuera y en la iglesia de San Gerardo. Ella siempre anduvo en la búsqueda”, aclaró.
Jiménez Blanco explicó que la negativa del comité, al parecer, es para evitar que los familiares de los desaparecidos se asusten y abandonen la búsqueda.
No sólo la población es víctima de las amenazas del crimen. El 20 de enero, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García informó que los policías federales que buscaban fosas clandestinas fueron amenazados por presuntos sicarios.
“También los peritos de la PGR han recibido amenazas (…) ha habido incluso persecución de grupos y presencia permanente de halcones en la zona”, declaró en ese entonces la funcionaria.
De acuerdo a Jiménez Blanco, la causa es conocida por todos los igualtecos: “El crimen se posicionó de nuevo en Iguala, nunca se fue, pero ahora viene con más fuerza”.
A pesar de las amenazas, el promotor sostuvo que la UPOEG no se retirará de Iguala ni se amedrentará: “Nosotros tenemos palabra y vamos a asumir la responsabilidad”, sentenció.