Nueva ley telecom

Esta semana se aprobó la legislación reglamentaria de la Reforma en Telecomunicaciones. Como sabemos, hubo mucho en juego. Estaba la posibilidad de que las televisoras (Televisa y TV Azteca) tengan mejores condiciones para competir en los mercados de la telefonía fija, móvil y banda ancha de internet. Está la posibilidad de que América Móvil pueda transmitir televisión abierta y gozar de mejores reglas para competir en la televisión de paga con su socio estratégico Dish, propiedad de MVS. Estamos hablando de miles de millones de dólares anuales que están en juego.

Pero el éxito de la reforma no sólo se medirá si Azcárraga/Salinas le quitan parte del pastel a Slim y viceversa. El éxito de esta importante reforma se dará si otras empresas, nacionales y extranjeras, comienzan a invertir en México en radiodifusión y telecomunicaciones. Esa será la prueba de fuego de una reforma que debe beneficiar a los consumidores con más opciones que se traduzcan en mejores precios y calidades de los servicios.

El pleito por esta reforma lleva muchos años sin resolverse porque hay intereses económicos muy poderosos en la balanza. Todas las empresas involucradas han movilizado sus recursos para defender sus intereses. El gobierno es el agente social que tiene que cuidar los intereses de los consumidores. Pero en la práctica, los intereses privados tratan de influir en el gobierno para inclinar la cancha a su favor utilizando tácticas legales e ilegales. Se trata de la batalla política en la definición y aplicación de las reglas.

En lo legislativo, las empresas cabildean en el Congreso para sacar adelante ciertas disposiciones jurídicas que puedan beneficiarlos. En el caso de la Reforma de Telecomunicaciones hay muchas que en su definición técnica pueden favorecer a uno de los lados. Está, por ejemplo, la regla para declarar a una empresa como “preponderante”, de tal suerte que las autoridades puedan aplicarle una regulación especial para acabar con prácticas monopólicas y fomentar la competencia. Lo mejor sería que la regla aplicara para los servicios que ofrece una empresa de lo que hoy se conoce como el cuádruple play, es decir, telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga. Si América Móvil tiene más de 50% del mercado de los celulares, por ejemplo, sería preponderante. Si Televisa tiene más de 50% de la televisión de paga, también.

El problema es que en la Constitución quedó establecido que la declaratoria de preponderancia es por “sector”. La Carta Magna ordena al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones”. Siguiendo este mandato, el IFT ya declaró preponderante, y por tanto sujeto a regulación especial, a América Móvil en telecomunicaciones y a Televisa en radiodifusión. No obstante, la televisora posee más de 50% de un servicio de telecomunicaciones: el de televisión de paga. Pero como la Constitución dice que la preponderancia es por sector y no por servicio, hasta ahora Televisa no ha recibido regulación asimétrica en ese mercado.

No obstante, hay legisladores que argumentan que la Constitución también menciona a los servicios: “Se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor a 50%”. Por tanto, quieren que la legislación secundaria ordene la preponderancia por servicios. Abogados expertos en la materia dicen que, de seguir esta postura, apoyada por una minoría de los partidos de la izquierda (PRD, PT y MC), se abrirían vías legales para impugnar todas las decisiones de preponderancia del IFT.

Hay otros legisladores que opinan que la ley tiene que ser consistente con la Constitución y que, por tanto, la regla de preponderancia tiene que ser por “sector”. Jurídicamente, al parecer, tienen la razón. En este sentido, la batalla política de la definición de esta disposición la ganó Televisa desde mayo del año pasado en la reforma constitucional. Y seguramente volvió a ganarla esta semana en la legislación secundaria, ya que esta postura cuenta con la mayoría en el Congreso. Legisladores del PRI, Verde y algunos del PAN están a favor de aprobar la propuesta enviada por el presidente Peña, que limita la preponderancia al “sector”.